Hace años vengo observando la manera en que se están dando los debates ambientales en el país, algunos de ellos muy cercanos a nosotros. El ordenamiento ambiental de la sabana de Bogotá, la salida de los combustibles fósiles y la ocupación agroindustrial de la Orinoquia son solo algunos ejemplos. Cada vez con mayor frecuencia estos debates tienden a derivar hacia dos salidas que hoy son ya previsibles: la polarización política y la judicialización. En ambas pierde la sociedad, justo cuando más urgente es lograr acuerdos territoriales frente al colapso de la biodiversidad y la vulnerabilidad climática.
La polarización —más electoral que política, en el sentido del bien común— simplifica lo complejo. Reduce problemas con contenidos técnicos y decisiones de alto impacto a posiciones binarias que llevan a tomar partido automáticamente, antes de entender. En la judicialización el resultado queda a la interpretación de los jueces.
Además, en esta forma de debatir está en juego la relación entre ciencia, conocimiento y decisiones públicas, en un contexto marcado por la negación selectiva de la evidencia científica. Como ha sido ampliamente discutido en teoría política, la legitimidad no se agota en el resultado electoral, sino que depende de procesos de deliberación pública orientados al entendimiento.
Esto obliga a replantear el método. No basta con mejorar las políticas (policy): es necesario intervenir en la política (politics), en la forma misma en que deliberamos, disentimos y construimos decisiones colectivas. Esta distinción, que puede parecer abstracta, es en realidad profundamente práctica: tiene que ver con cómo se administran los desacuerdos en sociedades atravesadas por conflictos socioambientales cada vez más intensos. Tener razón no garantiza incidencia, y el mal debate retrasa el cambio necesario. De hecho, en contextos de alta polarización puede incluso volverse irrelevante si no se traduce en capacidades de diálogo, negociación y construcción de legitimidad.
Cuando las narrativas se rigidizan, también lo hacen las posiciones, y con ello se estrechan los márgenes para alcanzar acuerdos. Y sin acuerdos —aunque sean imperfectos— no hay transición posible. Tal vez el mayor error ha sido pensar que el norte de estos debates es la preservación intacta de principios. Pero en contextos de alta complejidad y urgencia, el foco debería estar en los fines: lograr acuerdos sociales que permitan avanzar, así impliquen compromisos y concesiones. Los compromisos inevitables (trade-offs) no son una renuncia; son, muchas veces, la única vía para evitar bloqueos que terminan siendo más costosos para la sociedad y para la naturaleza.
A esto se suma un factor que ha deteriorado aún más la calidad del debate: el “ecosistema digital” de mensajes cortos en redes sociales, donde los clichés, las simplificaciones y las narrativas cerradas se refuerzan a sí mismas. El resultado son trayectorias discursivas en las que se pierde la posibilidad de matizar, de corregir, de aprender. Literalmente, se vuelve imposible desenredar la sensatez.
En un momento en que las crisis ambientales exigen respuestas rápidas, pero también legítimas, insistir en métodos que nos conducen sistemáticamente al conflicto estéril o a la parálisis institucional es, en sí mismo, una forma de irresponsabilidad. Una nueva ética del debate ambiental debería, más allá de la intención, hacerse cargo de sus consecuencias. Debería ser innegociable la posibilidad real de mejorar el territorio y el bienestar humano en el corto plazo. La pregunta ya no es quién tiene la razón y qué la sustenta, sino cómo hacemos para que esa razón —plural, disputada, incompleta— se convierta en decisiones colectivas viables. Porque en los debates ambientales de hoy, no basta con tener la razón. Hay que saber administrarla.
