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Se inauguró en Cali la COP16 del Convenio de Diversidad Biológica, que busca renovar los acuerdos globales frente al declive de la biodiversidad. Casi el mismo día se presentó en la Cámara de Representantes una ponencia que busca legalizar el pez basa, especie exótica originaria del sudeste asiático y con potencial invasor en las aguas continentales del país. Las invasiones biológicas han sido reconocidas como la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, en la evaluación global realizada por la Plataforma Científico Política de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, por sus siglas en ingles), de la cual Colombia hace parte.
Es el cruce de caminos divergentes: de un lado, los recursos naturales que pasaron a la jurisdicción del Ministerio del Medio Ambiente en la ley 99 de 1991, y de otro los recursos pesqueros, incluyendo las pesquerías y la acuicultura, que quedaron en el ámbito del Ministerio de Agricultura. Es un desajuste institucional frente a los objetivos de gestión de la biodiversidad acuática continental, del que el pez basa ejemplifica un caso más general. Es curioso, pero ambas perspectivas se defienden aduciendo el beneficio de productores locales y del uso sostenible de esos recursos.
Desde las ciencias de la conservación es claro que una invasión biológica podría ya estar sucediendo: esto lo indica el conocimiento experto en las instituciones académicas como la Universidad de Antioquia y el Instituto Humboldt, autoridad científica de la materia. Se trata de un asunto mucho más complejo que la más publicitada invasión del hipopótamo, frente a la cual se espera no se repita la misma historia. La prevención de las invasiones es la primera opción siempre, y en caso del pez basa podríamos ya estar pasando el umbral hacia el control imposible.
Desde el punto de vista legal es un asunto aparentemente claro, en especial este año en el que estamos dando cuenta al mundo de la aplicación del Marco Global de Biodiversidad, en especial la meta 6 de prevenir, controlar y erradicar invasiones biológicas que afrentan la biodiversidad. En este sentido jurídico superior, resultaría simplemente una triquiñuela jurídica que los promotores o beneficiarios de este pez avancen en su legalización.
Pero hoy es un asunto más complejo, pues este pez, introducido ilegalmente al país, ya hace parte de la acuicultura y el sector alimenticio humano con una producción anual del orden de 20 mil toneladas, con 30 millones de individuos en 16 departamentos. Esta situación podría leerse como el resultado de una omisión de prevención que hubiera sido un asunto del Comité Ejecutivo de Pesca, del que hacen parte el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente, creado en 1991. Se ha argumentado que al sector pesquero le corresponde la producción, y al ambiental el control y asunción de los efectos. Es el planteamiento institucional del problema, y no de la solución.
Es claro que el riesgo no se puede minimizar o ignorar. Menos aducir que es solamente un asunto económico, cuando sabemos que los impacto podrían extenderse a las pesquerías artesanales del río Magdalena, además de 235 especies nativas que podrían estar en riesgo. Un riesgo mayor sería que esta especie resulte establecida en otras cuencas más diversas y frágiles en el Amazonas y Orinoco.
No parece haber otra salida que mantener la especie en su carácter de invasora, reforzar todos los controles e iniciar cuanto antes. El tiempo apremia la reconversión de la producción piscícola con especies que no representen este riesgo. Esta propuesta puede ser considerada como un despropósito desde lo económico actual, desde los intereses directos de una de las partes, pero es la única que de forma responsable nos impediría trasladar el asunto hacia un impacto futuro. Las invasiones biológicas están pasando así, a través de los desajustes instituciones y las omisiones administrativas, a los espacios de la responsabilidad sobre daños y perdidas, la justicia ambiental y el ecocidio. Resulta una simplificación grosera decir que entre nosotros se tratan simplemente de otra discusión polarizada. Es una encrucijada política superior, cuyas consecuencias no alcanzamos todavía a vislumbrar. Si no nos entendemos por la vía administrativa, nos encontraremos en los tribunales.
