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Los asuntos de la gestión de la biodiversidad, es decir, la conservación, restauración, uso sostenible y recuperación de especies, ecosistemas y variedades, nada tienen que ver con supuestos “ambientalismos radicales” como lo dijo la saliente ministra de Agricultura. Se hace necesario el entendimiento en todos los sectores del acuerdo social representado en los compromisos del Marco Global de Biodiversidad. Los avances de esta agenda se revisan este este año en Cali en la COP 16, conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica. Introducir en las agendas de la biodiversidad el enfoque de justicia ambiental, que en buena hora le da el presente gobierno, requiere sensatez y sobre todo disposición a un diálogo complejo. Identifico al menos cuatro temas críticos que deberían ser objeto de un diálogo y acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Medio Ambiente.
El primero es el riesgo de invasiones biológicas que surgen hoy de la acuicultura. Con algunas especies ya establecidas como la trucha y la tilapia la salida fue su declaración como especies domésticas. Los beneficios directos son evidentes, aunque las consecuencias en los ecosistemas no han sido suficientemente documentadas. Diferente es el caso del pez Basa, especie exótica asiática que presenta riesgo de invasión. Declararla doméstica o recurso hidrobiológico para legalizar hechos cumplidos podría significar abandonar la prevención de su expansión en las aguas dulces, lo que implicaría un riesgo desconocido sobre las pesquerías silvestres, siendo los pescadores artesanales los primeros afectados. Lo social y lo ambiental, desajustados en los escritorios, están alienados en el territorio.
El segundo punto que atañe al ministerio de agricultura es la expansión de la ganadería bufalina en humedales. No se trata de prevenir invasiones de una especie exótica, sino de controlar y manejar una especie doméstica que genera innegables beneficios económicos, pero también tensiones con la pesca artesanal.
Un tercer tema tiene que ver con la expansión de la agricultura industrial en la altillanura, en la Orinoquia. Se trata de sopesar los beneficios económicos de un gran sector con los presumibles costos ambientales, entre ellos el riesgo de pérdida de biodiversidad en las sabanas naturales y en las aguas de los ríos claros que nacen en la altillanura. La pesca artesanal de peces con fines ornamentales podría verse afectada, con grupos indígenas y campesinos como primeros perjudicados. El diálogo entre las carteras de agricultura y ambiente en estos espacios debería tener como referencia el conocimiento existente que muestra los límites a la expansión agrícola en la sabana natural, y la investigación necesaria para apreciar los umbrales hoy desconocidos sobre posibles cambios en la biodiversidad en las aguas dulces.
El último punto aquí identificado en estos diálogos necesarios son los llamados “territorios anfibios para la seguridad alimentaria”, que hacen parte de una agenda social vigente y retrasada.
Así las cosas, la sostenibilidad y el bienestar de poblaciones humanas vulnerables, y la justicia ambiental en los espacios del agua, deben ser parte de una agenda ambiental en el Ministerio de Agricultura y de una agenda social en el Ministerio de Ambiente. Hay ciencia suficiente para afirmar que, en el año de la COP16 la mayoría de las metas sobre biodiversidad son asuntos eminentemente socio ecológicos. Negarlos o descalificarlos es ignorante y no contribuye a construir el bienestar planteado en el plan de desarrollo, cuando se refiere a ordenar el territorio alrededor del agua, y de la vida que contiene.