La CAR Cundinamarca y el riesgo de extinción


En 2007, la Fundación Humedales y el Instituto Humboldt publicaron un libro sobre la biodiversidad en la laguna de Fúquene y el complejo de humedales del valle de Ubaté. Gran parte de las ideas y conceptos que hoy están en boga ya habían sido planteados en ese entonces, en un contexto político más adverso. Se consideraba la llamada limpieza de la laguna para recobrar un espejo de agua, con costosos dragados masivos. Solo un conjunto de biólogos o interesados —entre ellos, el Instituto de Biodiversidad de Colombia— ya sabía que este gran ecosistema transformado, que incluye las lagunas de Cucunubá y Palacio, era el hábitat crítico de especies listadas oficialmente como en riesgo de extinción. ¿Extinción? Sí. El lector puede remitirse a la meta 4 del Marco Global de Biodiversidad, de cuyos avances (¿o retrocesos?) el país tiene que dar cuenta este año en la COP16 de Cali.

Entonces, ¿cuál es el asunto? En términos generales, es claro que la Política de Gestión Integral de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, formulada por el Gobierno Nacional en 2012, solo marginalmente ha permeado la acción de las Corporaciones Autónomas Regionales. No hay un seguimiento acorde con la integralidad territorial del tema. Se entiende que hoy este instrumento está en proceso de evaluación. Crear un sistema de gestión de biodiversidad en el Sistema Nacional Ambiental sería un avance dentro de la compleja institucionalidad con la que hoy no estamos atendiendo suficientemente los temas de la biodiversidad.
En lo particular, estamos frente a una gran paradoja que debería ser corregida por la actual administración de la CAR Cundinamarca. ¿Podría entenderse en el marco internacional de la institucionalidad ambiental que una autoridad ambiental sea agente directo del riesgo de extinción de especies y ecosistemas? Por supuesto que no tiene presentación. O sea, urge contrición en el corazón del presupuesto y propósito de enmienda en la acción. ¿Y reparación? En el caso de la CAR Cundinamarca y, en parte, Corpoboyacá, es claro con evidencia científica que el riesgo de extinción de especies y de colapso de ecosistemas sigue ocurriendo bajo sus ojos. En la lista oficial de especies en riesgo de Colombia hay un conjunto importante que hace parte de estos ecosistemas. Y la lista roja de ecosistemas, que muestra su riesgo de colapso, deja claro en este ejercicio científico (que además en Colombia ganó el Premio Alejandro Ángel Escobar) que el complejo de humedales del altiplano de Cundinamarca y Boyacá es una parte fundamental de este asunto. En el trabajo de la Fundación Humedales y el Instituto Humboldt mencionado, están claramente identificadas las especies en juego.
Lo insólito es que hacia ese momento, la CAR Cundinamarca inició una enorme inversión para “recuperar” las lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio, con el matiz incómodo de que lo que buscaron recuperar no fue el sistema ecológico como tal, sino solo el espejo de agua. Para ello, el dragado, que en sí mismo es necesario y no estaría en cuestión, se realizó de tal suerte que también removieron como “malezas acuáticas” la vegetación de las orillas y destruyeron una parte del hábitat de especies en alto riesgo de extinción, como el cucarachero de pantano y la tingua de Bogotá. Una reconocida ornitóloga denunció que esto está sucediendo hoy en la laguna de Palacio. Inexplicable también es el hecho de que en el documento CONPES 3451 de diciembre de 2006 se recomendó que la “restauración” (sic) de la laguna de Palacio se hiciera teniendo en cuenta a las poblaciones de fauna en riesgo.
Pues bien, la fatalidad anunciada en aquel entonces hoy es destino, y podría consumarse en un hecho indeseado. En manos de las CAR involucradas, con la vigilancia del Ministerio del Medio Ambiente (es un compromiso global), deberían de manera urgente iniciar una actualización de la línea base de biodiversidad con énfasis en las especies y ecosistemas en riesgo, e incluir planes y acciones urgentes para detener la pérdida y evitar el colapso de la biodiversidad. Tenemos un instituto de biodiversidad para ello. En medio de la narrativa renovada en el año de la COP 16, esto no sería solo un gesto de cambio necesario, sino una obligación. El llamado aquí es a la Procuraduría General de la Nación para que vigile la acción de los funcionarios, a quienes su propia historia les entregó esta grandísima responsabilidad. Podría ser tarde.