Ninguna deforestación es conveniente. Pero ¿cuánta es aceptable como meta de un gobierno? El programa del presidente Duque se juega su desempeño frente a compromisos nacionales e internacionales, y su credibilidad. En este tema, el éxito del Gobierno es éxito de todos. Pero la forma como se han formulado las metas de deforestación del Plan de Desarrollo, según se ha difundido, deja muchas preguntas.
Formular metas en algo indeseable es tarea delicada, sobre todo cuando las causas de la deforestación están programadas desde el pasado y son alimentadas en parte por mercados ilegales que no controlamos. Por ese motivo se hace necesario que el Gobierno formule de nuevo estas metas. Aquí presento algunas sugerencias.
1. El Gobierno debería formular metas con una métrica física de hectáreas. Proponer el no aumento de la deforestación como porcentaje del nivel actual es inaceptable, porque el cumplimiento de esa meta, así formulada, acumularía un pasivo ambiental gigantesco e inaceptable.
2. La meta de deforestación debería presentarse por regiones y no solo como un acumulado nacional. La inmensidad de la selva amazónica en pie tiende a suavizar las estadísticas de deforestación, cuando es medida como una proporción del total. En cambio, una tasa regionalizada tomaría en cuenta la cantidad de lo perdido en relación con lo remanente. Porque es muy grave la pérdida de una proporción menor en una región con menos extensión de bosques.
3. La meta nacional debe ser compartida solidariamente con las autoridades ambientales y los municipios. Los indicadores nacionales agrupados no deben confundir lo posible y necesario con lo inevitable e indeseable. Cualquier deforestación en un territorio consolidado y con una CAR con recursos sería inaceptable. Otra cosa sucede en la frontera de ocupación, en donde la deforestación debería tender a cero en un proceso más complejo y ligado con el control del Estado del territorio y la consolidación de un área forestal permanente. En este escenario el riesgo de incumplir la meta es obviamente mayor.
4. La meta de deforestación es un instrumento para tomar decisiones. No solo para reportar en el marco del Acuerdo de París. El cumplimiento de la meta de deforestación debería ser premiado para las CAR que allí actúan, así como para los municipios involucrados. En algunos países el situado fiscal del Gobierno central genera un premio a los municipios según las coberturas forestales. El no cumplimiento debería, en este sentido, tener consecuencias. Incentivar o castigar, con instrumentos precisos, sería el mayor reto de la política nacional.
5. La meta debe ser transectorial y no debe preocupar solamente al Ministerio de Ambiente. En especial, el Ministerio de Energía deberá estar vigilante, porque en el Acuerdo de París se ha acordado la tendencia de la reducción de emisiones de CO2 del 20 % hasta el año 2030. Es totalmente inconveniente para el país, en ese marco internacional, gastar el cupo de emisiones en procesos de deforestación, lo cual podría en el futuro cerrar el paso a las emisiones acordadas. Ecopetrol, por ejemplo, debería comentar las metas de deforestación.
6. Por último, entendiendo que todo proceso de deforestación es inconveniente y que en el bosque tropical es altamente irreversible, no podría el Gobierno sacar de nuevo la “deforestación neta”, valor en el que a lo destruido se le resta lo restaurado. No porque no debamos restaurar, sino porque la firma de un documento de restauración en el mejor de los casos solo señala la intención de hacerlo, proceso que con el debido monitoreo —hoy ausente en muchos casos— solo podría acreditarse luego de varias décadas. Hoy por hoy, deforestar y restaurar deben manejarse con contabilidades separadas.
En síntesis, ayudaría mucho al Ministerio de Ambiente revisar la meta de deforestación. Una cifra de 90.000 hectáreas acumuladas en el período de gobierno sería, desde el punto de vista de la ciencia de la ecología, de todas maneras una tragedia. Pero tal vez sería la única que la sociedad estaría dispuesta a aceptar, como parte de lo inevitable, de tal suerte que una vez toquemos ese fondo, estemos simultáneamente acelerando los esfuerzos para reparar el daño ocasionado. En este sentido, nos acercaríamos a aquello que reza el mismo Plan de Desarrollo, la biodiversidad como un activo estratégico de la nación.
* Universidad de los Andes, Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina.
Ninguna deforestación es conveniente. Pero ¿cuánta es aceptable como meta de un gobierno? El programa del presidente Duque se juega su desempeño frente a compromisos nacionales e internacionales, y su credibilidad. En este tema, el éxito del Gobierno es éxito de todos. Pero la forma como se han formulado las metas de deforestación del Plan de Desarrollo, según se ha difundido, deja muchas preguntas.
Formular metas en algo indeseable es tarea delicada, sobre todo cuando las causas de la deforestación están programadas desde el pasado y son alimentadas en parte por mercados ilegales que no controlamos. Por ese motivo se hace necesario que el Gobierno formule de nuevo estas metas. Aquí presento algunas sugerencias.
1. El Gobierno debería formular metas con una métrica física de hectáreas. Proponer el no aumento de la deforestación como porcentaje del nivel actual es inaceptable, porque el cumplimiento de esa meta, así formulada, acumularía un pasivo ambiental gigantesco e inaceptable.
2. La meta de deforestación debería presentarse por regiones y no solo como un acumulado nacional. La inmensidad de la selva amazónica en pie tiende a suavizar las estadísticas de deforestación, cuando es medida como una proporción del total. En cambio, una tasa regionalizada tomaría en cuenta la cantidad de lo perdido en relación con lo remanente. Porque es muy grave la pérdida de una proporción menor en una región con menos extensión de bosques.
3. La meta nacional debe ser compartida solidariamente con las autoridades ambientales y los municipios. Los indicadores nacionales agrupados no deben confundir lo posible y necesario con lo inevitable e indeseable. Cualquier deforestación en un territorio consolidado y con una CAR con recursos sería inaceptable. Otra cosa sucede en la frontera de ocupación, en donde la deforestación debería tender a cero en un proceso más complejo y ligado con el control del Estado del territorio y la consolidación de un área forestal permanente. En este escenario el riesgo de incumplir la meta es obviamente mayor.
4. La meta de deforestación es un instrumento para tomar decisiones. No solo para reportar en el marco del Acuerdo de París. El cumplimiento de la meta de deforestación debería ser premiado para las CAR que allí actúan, así como para los municipios involucrados. En algunos países el situado fiscal del Gobierno central genera un premio a los municipios según las coberturas forestales. El no cumplimiento debería, en este sentido, tener consecuencias. Incentivar o castigar, con instrumentos precisos, sería el mayor reto de la política nacional.
5. La meta debe ser transectorial y no debe preocupar solamente al Ministerio de Ambiente. En especial, el Ministerio de Energía deberá estar vigilante, porque en el Acuerdo de París se ha acordado la tendencia de la reducción de emisiones de CO2 del 20 % hasta el año 2030. Es totalmente inconveniente para el país, en ese marco internacional, gastar el cupo de emisiones en procesos de deforestación, lo cual podría en el futuro cerrar el paso a las emisiones acordadas. Ecopetrol, por ejemplo, debería comentar las metas de deforestación.
6. Por último, entendiendo que todo proceso de deforestación es inconveniente y que en el bosque tropical es altamente irreversible, no podría el Gobierno sacar de nuevo la “deforestación neta”, valor en el que a lo destruido se le resta lo restaurado. No porque no debamos restaurar, sino porque la firma de un documento de restauración en el mejor de los casos solo señala la intención de hacerlo, proceso que con el debido monitoreo —hoy ausente en muchos casos— solo podría acreditarse luego de varias décadas. Hoy por hoy, deforestar y restaurar deben manejarse con contabilidades separadas.
En síntesis, ayudaría mucho al Ministerio de Ambiente revisar la meta de deforestación. Una cifra de 90.000 hectáreas acumuladas en el período de gobierno sería, desde el punto de vista de la ciencia de la ecología, de todas maneras una tragedia. Pero tal vez sería la única que la sociedad estaría dispuesta a aceptar, como parte de lo inevitable, de tal suerte que una vez toquemos ese fondo, estemos simultáneamente acelerando los esfuerzos para reparar el daño ocasionado. En este sentido, nos acercaríamos a aquello que reza el mismo Plan de Desarrollo, la biodiversidad como un activo estratégico de la nación.
* Universidad de los Andes, Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina.