Avanza la invasión de hipopótamos en el Magdalena Medio. Difícil encontrar un caso comparable en la gestión de las invasiones biológicas. En una de mis últimas reuniones como experto de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), el asunto salió en la conversación. La sorpresa frente a lo que ya venía sucediendo en el 2024 se convirtió en incredulidad ante una realidad que parece superar la ficción. Más allá de la biología y la ecología de la conservación, llaman hoy la atención las dimensiones sociales y políticas de un asunto que adquiere nuevos matices. El caso empieza a ser no solo insólito, sino inaceptable en términos de la relación entre ciencia y decisiones —o, más precisamente, entre el conocimiento disponible y el aplazamiento de la decisión—.
Desde la ciencia, las opciones de acción están definidas. Colombia cuenta con uno de los pocos institutos de biodiversidad creado para actuar en la interfaz entre conocimiento y decisiones. Y en este caso, el estudio del Instituto Humboldt, realizado además junto con el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, produjo información científica suficiente. No solo es referencia en la materia, sino testimonio de la complejidad sociopolítica que ha invadido el espacio de una decisión no tomada a tiempo. En efecto, el estudio mencionado estimó la dinámica de crecimiento de la población, construyó escenarios de manejo y anticipó las implicaciones en juego. Hoy la no acción pasa la cuenta de cobro: el riesgo se materializa y el asunto deviene uno de justicia ambiental.
En efecto, la publicitada muerte de “Pepe” en 2009 provocó el pedido de renuncia del entonces ministro de Ambiente. Era apenas un anuncio de las dimensiones que adquiriría la compasión por estos animales, frente a la necesidad de aplicar medidas de control poblacional. Hoy el animalismo político es de hecho parte importante de la encrucijada. La ética animal, siguiendo a Peter Singer, amplió la consideración moral hacia los animales sintientes. Pero esa respetable sensibilidad se convirtió en una opción con valor político, que deriva en un animalismo no responsable, cuando ignora las consecuencias de ese nuevo “no matarás” en los ecosistemas y comunidades locales. Porque hay algo que resulta cada vez más difícil de eludir: no parece posible controlar esta invasión únicamente mediante esterilización, traslado o confinamiento. Algún grado de control letal será necesario. Las propuestas de grandes parques de confinamiento o safari parks son poco viables y no resuelven el problema. Tampoco la condición de conservación de la especie en África —el hipopótamo está clasificado globalmente como Vulnerable— convierte a la población invasora colombiana en una que deba conservarse in situ. Hoy el tema es de derechos en juego y se dirime juzgados.
El 8 de septiembre, el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío profirió sentencia en dos tutelas acumuladas y amparó los derechos a la vida, la integridad personal, la educación y la libertad de locomoción de 23 estudiantes que utilizan transporte escolar fluvial en el río Nare. El juez ordenó a Corantioquia valorar los ejemplares del “Grupo Nare” y definir, en el término de un mes, la medida de manejo necesaria, eficaz, viable y proporcional, responsabilidad que quedó en la autoridad ambiental. Pero esta decisión judicial no ocurre en un vacío técnico. Colombia cuenta desde 2024 con un Plan para la Prevención, Control y Manejo del hipopótamo como especie exótica invasora, y desde 2026 con protocolos para ejecutar medidas que incluyen caza de control. Si la valoración técnica confirma que esta subpoblación se encuentra en expansión, resultará cada vez más difícil justificar un nuevo aplazamiento de las medidas efectivas de control. La señalización preventiva, las alertas tempranas y los sistemas de información son necesarios, y sirven para disminuir temporalmente el riesgo mientras se actúa; pero no pueden convertirse en sustitutos de la acción.
Aquí aparece con claridad la dimensión de justicia ambiental: niños, niñas y adolescentes, sujetos de especial protección constitucional, están asumiendo en su vida cotidiana el riesgo generado por una invasión biológica cuya trayectoria conocemos desde hace años. Movilizar los sentimientos del público urbano para aplazar las decisiones, significa escoger unos valores y dejar otros fuera. Es, en la práctica, una especie de “ética a la carta” que puede terminar ignorando a las comunidades locales, a la biodiversidad nativa e incluso el sufrimiento animal que una invasión biológica descontrolada puede producir. Es momento de pasar de la sensibilidad a la responsabilidad política, porque ya nada justifica aplazar la acción. Ojalá no tengamos que retomar la discusión después del primer muerto humano.