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El compromiso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) estaba sobre la mesa. El acuerdo salvaría muchas vidas, y ese es el motor que nos mueve a hacer lo que hacemos: evitar muertes; que los territorios no sigan fracturados por la violencia; que los campos no se vuelvan camposantos y el miedo no se tome sorbo a sorbo la infancia de los niños y la memoria de los viejos.
La CNEB es un grupo ilegal conformado cuando en noviembre de 2024 la Segunda Marquetalia expulsó de sus filas a los delegados que estaban en nuestra mesa de negociación. La CNEB no es la Segunda Marquetalia ni sigue sus derroteros; y la población civil, militar, armada y desarmada, nacional y extranjera está en mora de conocer -y ojalá comprender- las diferencias entre los distintos grupos al margen de la ley. En el 2024 la Segunda Marquetalia le dio un portazo a la política de paz y desde entonces no participa en las mesas.
En el 2025 la Coordinadora anunció que entregaría al gobierno 14 toneladas de material de guerra, para ser destruidas por los militares. Miles de granadas, municiones, explosivos y drones quedarían fuera de circulación. La entrega se cumplió rigurosamente en octubre del año pasado, y los catorce mil kilos de muerte y mutilaciones en potencia fueron destruidos según lo acordado.
Esa operación que salvó cuerpos de policías, niños, soldados y campesinos, estuvo en manos de la mesa, de los expertos en antiexplosivos de la Fuerza Pública y -por parte de la CNEB- Alexander, reclutado desde niño por las extintas FARC, firmante de paz y recogedor de basuras en Corabastos; nuevamente armado por los incumplimientos del Estado, padre de tres hijas y, desde el año pasado, matriculado con la paz. Venía de los Llanos y vivió y fue asesinado en Inda Zabaleta, zona rural de Tumaco. Como delegado de la Coordinadora asumió la responsabilidad de entregar el material bélico, y trabajó intensamente en la creación de la Zona de Ubicación Temporal y Capacitación Integral (ZUT-ZOCIUT) a donde llegarán ex guerrilleros de la Coordinadora, sin armas ni uniformes, para iniciar su tránsito a la vida civil y ejercer sus derechos y deberes como ciudadanos de un país en el que los fratricidios han dejado 10 millones de víctimas.
La semana pasada trabajamos con Alex en la subcomisión dedicada a cumplir las metas de sustitución de cultivos de uso ilícito; propósito, emoción y compromiso abriéndose paso entre un calor sin viento, las mismas moscas rondando las cajitas de jugo, el mismo polideportivo construido donde antes había filas y filas de matas de coca. Alto, cachucha negra y camiseta blanca. No conocí al comandante militar: conocí al negociador de paz, sin fusil ni camuflado, conciliador, práctico y positivo, con la ilusión de ver crecer a sus hijas y que no se repitiera para ellas la historia de clandestinidad y reclutamiento, de puertas cerradas y caminos sin salida.
Nos despedimos el viernes y el domingo lo mataron. Cuatro tiros, dicen.
Posiblemente nunca sabremos quién lo hizo. En este país de todos y de casi nadie, los noticieros ni siquiera mencionaron su muerte. Como si él nunca hubiera existido, ni vivo ni muerto. “Se matan entre bandidos”, dijeron algunos. ¿Será? Los que mataron a Alex hirieron nuestra mesa, y lo sabían. La Fuerza Pública tiene unas teorías y la comunidad tiene otras. Los negociadores esperamos que las autoridades investiguen; ojalá concluyan algo; ojalá nos digan la verdad. Ojalá el tendero del pueblo le siga fiando a su hijita.
Descanse en paz, Alex. Seguiremos haciendo lo posible y lo imposible hasta que persistir deje de ser un verbo de alto riesgo, y la paz –por fin, algún día– ya no cueste la vida.
