Respetada constitucionalista:
Nunca hemos cruzado una sola palabra, pero hoy sentí que debía escribirle. Tal vez porque frente al comunicado que anuncia su nombramiento para “el desmonte de la falsa paz”, tenía dos opciones: entregarme al pesimismo, o entender con serenidad que usted no es un mal titular sino una sólida defensora del Estado de Derecho, y eso da una oportunidad para comprender y comprendernos en clave de reflexión.
En todos los procesos se han cometido errores, pero aun la más imperfecta de las paces es mejor que la más planeada de las guerras. Luego de 10 millones de víctimas sabemos que todas las balas son perdidas, y que la violencia es el fracaso de la sensatez, de la bondad y la inteligencia.
Usted impulsó normas de paridad y libertad de cultos, fue una fiscal justa y defendió el artículo 22 de la Constitución que declara la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Eso, sumado a que históricamente ha creído en las segundas oportunidades y en varios momentos legislativos ha respaldado los procesos de paz, da esperanza.
Usted es rigurosa, y celebro que el presidente le haya encomendado “la revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos” y la evaluación del “cumplimiento de los compromisos”.
Necesitamos esas revisiones y que el gobierno reconozca los incumplimientos del Estado con los firmantes de paz; será valiosa una voz oficial que en este gobierno proteste por los más de 500 firmantes asesinados y se oponga a unos recortes presupuestales que harían casi imposible que la JEP cumpla su tarea y los sancionados paguen sus penas como las víctimas lo merecen.
Bienvenidas las evaluaciones y contarle a Colombia que el Estado no les ha cumplido a los 99 desmovilizados de la Coordinadora Nacional EB que el 18 de junio entregaron las armas; que la Fiscalía no ha hecho la tarea y la ARN no les ha girado el primer desembolso. Importante que la consejera de Paz averigüe por qué se han desatendido las recomendaciones hechas por la Defensoría del Pueblo, y las órdenes de las tutelas ganadas en las que un juez del Putumayo ordena que en la ZUT del Valle del Guamuez se mantengan las condiciones de dignidad y bienestar para quienes dejaron las armas.
Sé que al revisar los cumplimientos usted verá que la Coordinadora Nacional EB, integrada por la Coordinadora Guerrillera (en Nariño) y Comandos de Frontera (en Putumayo), cumplió con lo pactado: erradicaron más de 13.000 hectáreas de coca, liberaron a los menores que estaban en las filas, no atacaron fuerza pública, nos dieron para su destrucción 14 toneladas de material bélico y desmovilizaron 86 hombres y 13 mujeres que entregaron 105 fusiles y más de 24.000 municiones.
Como ciudadana colombiana, ex negociadora de paz y miembro de la plataforma Defendamos la Paz, le propongo que superemos las diferencias ideológicas y políticas que obviamente tenemos, y conversemos; intentemos construir alrededor de un compromiso de corazón y vocación con la democracia y con la no violencia, y permítanos contarle por qué no son falsas las vidas salvadas, ni el descenso de más del 50 % en las tasas de homicidios en los departamentos donde funcionaron las mesas de diálogos. Le propongo no sumarnos a una estéril rivalidad entre paz y seguridad; bien sabemos que ambas son urgencias que necesitan resolverse mutuamente y consolidar un círculo virtuoso. Sin paz no hay vida, y sin vida no hay nada.
Gracias, señora consejera. Quizá si llegó hasta el final de esta carta es porque algo en usted piensa que es la reconciliación —y no la guerra— la valiente y persistente decisión que el país necesita.
Gloria.arias2404@gmail.com