Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El 6 de agosto los negociadores del gobierno en la mesa de paz con la Coordinadora Nacional EB (CNEB) dejaremos nuestros cargos, pero no desistimos del compromiso con la paz de Colombia y con la obligación del Estado de cumplir la palabra y el mandato constitucional.
Vivimos algo extraordinariamente significativo para nosotros y principalmente para las comunidades de Nariño y Putumayo que vieron reducidos en un 50% sus tasas de homicidios y un descenso importante en otros indicadores de violencia. Pero no me puedo desprender de una pregunta: ¿Por qué en un país con 10 millones de víctimas, se pretendió torpedear el proceso que más resultados estaba dando?
Cuando logramos cristalizar el ingreso de 99 excombatientes de Comandos de la Frontera (estructura de la CNEB), llegó el peso de la ley, primero en forma de tutela, y luego arropado por un concepto del Consejo de Estado.
Ambos actos -legales pero descontextualizados de las urgencias del país- frenaron en el peor momento el avance que estábamos consolidando, y pusieron en riesgo cuanto se había acordado.
Ni el juez promiscuo del Valle del Guamuez que dictó una orden de imposible cumplimiento, ni el magistrado del Consejo de Estado que suspendió temporalmente la resolución que le dio vida a nuestra mesa de diálogos, podrá contestar lo incontestable: ¿Qué hacemos ahora? ¿Le pedimos a Indumil que no destruya las armas dejadas voluntariamente en junio del 2026 por los exguerrilleros, y los devolvamos en brazos de la guerra? ¿Recogemos las cenizas de las 14.5 toneladas de material de guerra destruidas en octubre del 2025 y volvemos a fabricar las armas? ¿Rompemos los 16 acuerdos parciales, pactados desde el 2024, que le dieron tranquilidad electoral al territorio, y han contribuido al desescalamiento de las violencias? ¿Qué hacemos con las 8.000 familias comprometidas en Putumayo con la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, y con los campesinos que erradicaron 3.300 hectáreas en Roberto Payán, y 8.600 en Tumaco?
Escribo esta columna 11 días antes de la llegada de un gobierno que ha anunciado el cierre inmediato de las mesas de diálogos, el regreso de los bombardeos y las fumigaciones con glifosato.
Nuestra principal preocupación es hacerle llegar al nuevo equipo de gobierno información veraz y oportuna sobre lo que se ha logrado con la ZUT, para que a la hora de definir el futuro de sus 99 habitantes, se tomen las decisiones más acertadas; por eso, desde ya y con urgencia, agradezco si podemos tener ese encuentro.
El presidente que se posesiona el 7 de agosto ha dicho que dará un mes de plazo a los grupos ilegales para que dejen las armas y se sometan. La buena noticia es que en la ZUT del Valle del Guamuez, ya hay 99 personas desarmadas que podrían ser su grupo piloto para demostrar que la desmovilización voluntaria sí es posible.
Luego de 7 décadas vividas intensamente, agradezco de corazón a Armando Novoa por este trabajo/misión, por haberme convocado, enseñado y comprendido. No pude tener mejor jefe, y no puedo tener mejor amigo.
Poco antes de entrar a la mesa, un maestro con mucho kilometraje en estos temas me dijo algo que ya comprobé: “Ser negociador de paz exige humildad cuando las cosas salen bien, y perseverancia y resistencia cuando todo se viene abajo; es una de las labores más difíciles, solitarias y desagradecidas que uno pueda desempeñar. Pero no existe nada más gratificante que trabajar por la paz de Colombia; y siempre que te preguntes por qué aceptaste, piensa en las comunidades y ahí está la respuesta”.
