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No sobra repetirlo: mis columnas son mi responsabilidad; sólo soy vocera de mí misma y a nadie más pueden reclamarle por lo que aquí escriba.
Bueno. Ojalá mientras leen sientan lo que pasó la noche del 12 de febrero: Países garantes, ONU, Iglesia y dos delegaciones de una de las mesas de paz creadas por el gobierno para acordar el fin de la violencia, llevan cuatro días reunidos en un hotel de Bogotá. Nada ha sido fácil (si lo fuera, el conflicto se habría resuelto hace décadas, las mesas sobrarían y la promesa de acabar la guerra no habría definido el voto de once millones de personas).
Al terminar el 3º ciclo los jefes de ambas delegaciones informan en rueda de prensa los buenos resultados: Entre otros logros y tareas, se firma un acuerdo para iniciar la sustitución de cultivos de coca en 3.000 hectáreas al sur de Colombia, con fechas, lugares y actores definidos; se eligen dos equipos técnicos: uno encargado de proponer fórmulas jurídicas para los grupos socio-políticos alzados en armas que acojan el camino de la paz; y otro, que elaborará protocolos para darle garantías de seguridad a la mesa, proteger a las comunidades, determinar los actos prohibidos, diseñar mecanismos de monitoreo y verificación, establecer comunicaciones para prevenir incidentes… en fin, todo encaminado a que las balas dejen de ser el pan (pan de plomo) de cada día; salvar vidas y que los territorios recuperen la tranquilidad.
Era razonable el optimismo en ambas delegaciones. Lo que no sabíamos -a ningún lado de la mesa- es que segundos después una avalancha de hombres del CTI armados hasta los dientes irrumpiría en el hotel para llevarse retenido a uno de los delegados de la Coordinadora Nacional EB. A uno de nuestros interlocutores, con la orden de captura suspendida por la Fiscalía, y amparado por resolución presidencial para ser delegado a la mesa de paz. Un hombre de 44 años hastiado de la guerra, del dolor causado y padecido. Alguien que para muchos es solo un alias, un delincuente que debe recibir los peores castigos; y para otros, un ser humano, un hijo, un padre, alguien que ha vivido en la ilegalidad, se ha lucrado de economías ilícitas, y decide cambiar 180º su vida; alguien que confió en la mano tendida del gobierno y asumió el riesgo de creernos, para que miles de hombres y mujeres que siguen armados, dejen la guerra.
Llegó entonces una fuerza conjunta (cachucha de la Fiscalía y órdenes de Estados Unidos). Les explicamos que detener a nuestro interlocutor era una afrenta directa contra la política de paz y un golpe difícilmente reparable a los avances logrados. Nos oyeron, algunos comprendieron, pero había una orden que cumplir. No importaron el decreto presidencial ni la resolución de Fiscalía (12 de abril 2024) que afirma que las autoridades nacionales e internacionales -incluida INTERPOL- serían notificadas del levantamiento de las órdenes de captura para los negociadores de paz.
Una Circular Roja originada en el Distrito Sur de California pudo más que una Bandera Blanca izada por millones de colombianos.
Esa noche el epicentro del poder estuvo en otra latitud; pero como son nuestros los ríos que se han convertido en cementerios flotantes, no vamos a desistir. Paz, seguridad y justicia deben encontrar fórmulas para respetarse y coexistir; la cooperación y la soberanía no pueden ser conceptos antónimos; la dignidad no se negocia y la impotencia no será el sello de nuestras resoluciones. Escenario complejo, pero no vamos a quedarnos impávidos, porque cada día perdido es un día endosado a la perpetuidad de los fusiles y a la desilusión de las comunidades.
