El Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos es un elemento positivo para atender a un millón de venezolanos que, según Migración Colombia, se encuentran actualmente en condición irregular en el territorio nacional.
El Gobierno busca mejorar la identificación de los migrantes para facilitar el diseño de políticas públicas dirigidas a su integración y, de igual manera, para mitigar los riesgos de seguridad nacional derivados de no saber quién se encuentra en Colombia. Quienes se acojan al estatuto tendrán diez años para contar con una visa de residente, tendrán la posibilidad de acceder a permisos para trabajar formalmente y se beneficiarían de diferentes políticas sociales.
La decisión del Gobierno colombiano de activar este estatuto ha sido celebrada por Naciones Unidas y por varios gobiernos –entre ellos el nuevo gobierno de los Estados Unidos– por su carácter humanitario y por el ejemplo que promueve en otros países que también son destino de los más de cinco millones de ciudadanos que han dejado Venezuela en los últimos años de crisis.
Activado el estatuto, el verdadero desafío tiene que ver con la integración efectiva de los migrantes. Esa integración solo puede ser estable si se da con empleo –que, por supuesto, no está garantizado con tener un permiso formal de trabajo–. El reto es inmenso: a las condiciones generales del mercado laboral, marcadas por una tasa de desempleo de 17,3 % (enero 2021), se suman los obstáculos particulares enfrentados por los migrantes. De acuerdo con las cifras del Dane, quienes vivían en Venezuela en 2019, y ahora viven en Colombia, tienen una tasa de desempleo 50 % más alta que quienes reportaron su residencia en Colombia desde 2019 (sean colombianos o venezolanos). Para el caso de las mujeres, esa misma comparación muestra una tasa de desempleo 75 % más alta para las mujeres que residían en Venezuela en 2019 (versus las mujeres que residen desde 2019 en Colombia).
Aunque el estatuto no sea el responsable del reto mayor, más allá del que crea la propia migración, tienen razón quienes se preocupan por la factibilidad de las promesas y las buenas intenciones. Sin una reactivación económica con desarrollo social para todo el país, que priorice la generación inmediata de empleo, el alcance del estatuto quedaría en un ámbito teórico y poco práctico. Se correría el riesgo, además, de que los migrantes anticipen eso y que su registro e identificación no llegue a los niveles deseados.
Asimismo, no pueden quedar vacíos en la definición de los recursos que recibirán los migrantes a través de la política pública que viene prometida con el estatuto. Este aspecto, por ahora, no está claro, y es crucial en medio de las discusiones sobre las fuertes restricciones presupuestales que tiene el Estado.
Bienvenido el estatuto. Sin embargo, como en todo lo relacionado con leyes o acuerdos, lo sustancial está en la implementación. Y la implementación significa hoy más empleo para los colombianos y más empleo para los migrantes. Ese es el único camino para aprovechar las capacidades, talentos y diversidad de todos los habitantes del país en materia productiva y en materia de desarrollo social y comunitario, con inclusión, convivencia pacífica y bienestar general.
Ph.D. en Economía, University of Massachusetts-Amherst. Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/)
