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La controversia sobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente será de largo aliento, a diferencia de otras que se vuelven virales en un día y desaparecen la semana siguiente. Esta va impulsada por un contexto político agitado, por la incertidumbre de posibles cambios en el marco institucional del país —con propuestas aún borrosas— y por discusiones constantes sobre las posibilidades que tiene el Gobierno de ser gobierno de cambio —a qué velocidad y con qué legado—.
Además de recurso táctico político, la propuesta de una Asamblea Constituyente parece ser el intento de un vehículo formal del llamado a la movilización popular en favor del Gobierno, discurso que arrancó hace más o menos un año cuando las reformas sociales empezaron a tropezar —en particular la reforma a la salud— y cuando el presidente Petro decidió cambiar las formas y el fondo del diálogo nacional con el que inició el Gobierno en 2022.
La mayoría de la clase política ha calificado la idea de inconveniente, incluso quienes en respaldo al Gobierno anticipan que con la Constituyente podría abrirse espacio para proyectos políticos distantes al del presidente; es decir, “un tiro que le podría saldría por la culata” al propio Gobierno. Es difícil, por otro lado, ponerle el termómetro a la acogida popular; el más reciente Opinómetro de Datexco para W Radio muestra, por ejemplo, que de cada 3 colombianos 1 está de acuerdo con la idea de una Asamblea Constituyente, 1 no está de acuerdo y el tercero “no sabe o no responde”. Sería interesante entender las razones, en especial las del último, si suponemos que lo más probable es que el colombiano que está de acuerdo con la propuesta del presidente es el mismo que aprueba su gestión en medio de un contexto de desaprobación que sigue alrededor de 60 % según la misma encuesta.
La frustración comprensible por la falta de velocidad de los cambios, asunto cierto para cualquier gobernante, no es condición suficiente para intentar modificar las velocidades que permite el marco constitucional. Este aspecto es relevante cuando aún está en los pendientes demostrar la eficacia de la ejecución del Gobierno y su capacidad para llegar a acuerdos.
No sobra recordar, además, que las constituciones son acuerdos de largo plazo, con tiempos que superan los de las administraciones. Cuando los ciudadanos eligen administradores no eligen nuevas constituciones. Y lejos estamos hoy de condiciones históricas y políticas como las que llevaron a los acuerdos plasmados en la Constitución Política de 1991, que es aún joven y tiene potencial para que los gobiernos desarrollen mejor el Estado social de derecho.
Siendo uno de los colombianos que no está de acuerdo con la idea del presidente, no veo, sin embargo, que la propuesta haya sido presentada en un marco diferente al democrático, como se escucha en orillas radicales. Que parezca inconveniente, por razones prácticas, no la hace antidemocrática. Si lograra el respaldo necesario con las reglas institucionales, con el respectivo paso por el Congreso de la República, el llamado tendría que ser respetado, así como tendrían que ser respetadas la posición de los contradictores y la posibilidad de que sus ideas venzan en derecho a las del Gobierno proponente. Veremos.
*Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.