Hace casi dos meses dije en esta columna que la anticipada desaceleración económica —confirmada por los datos recientes del PIB del segundo trimestre— tenía que ser enfrentada con una política contracíclica de oferta basada en la expansión productiva de los sectores agrícola, de educación, de energías renovables, de industria y turismo, de transporte y de vivienda. Mencioné también que para ese propósito el Gobierno tendría que aprovechar, a través de una ejecución presupuestal efectiva, el espacio fiscal abierto por la reforma tributaria. La preocupación hoy por la ejecución es evidente, tanto en el Gobierno nacional como en el Congreso de la República, reconociendo que se trata del principal desafío actual de la política fiscal.
Para avanzar, la efectividad de la ejecución presupuestal necesita concurrencia de la inversión pública. En síntesis: se requiere una mayor convergencia, intencional y ordenada, de asignaciones presupuestales de varias entidades y carteras ministeriales en proyectos estratégicos. Al pensar, por ejemplo, en la reforma agraria —que busca justicia social, cumplimiento del Acuerdo de Paz y es un pilar de desarrollo productivo y de soberanía alimentaria—, es claro que su ejecución tiene que armonizar: recursos del Ministerio de Agricultura para la compra de tierras, emprendimientos agroindustriales (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), formación técnica y tecnológica (Ministerio de Educación), investigación y desarrollo (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación), vivienda rural (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), el tan anhelado catastro multipropósito (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, adscrito al DANE), vías terciarias (con la ejecución coordinada con los municipios) e incluso recursos del Presupuesto de Regalías. Esta integración no es clara presupuestalmente aún.
Con un enfoque de concurrencia, la rendición de cuentas en el consejo de ministros deja de ser un asunto de cada cartera y empieza a darse por proyectos a los que se les puede hacer un seguimiento por resultados. El Departamento Nacional de Planeación asume un rol más importante como articulador y controlador de la inversión pública. Esto puede iniciarse hoy.
Los proyectos, además, deben responder a una focalización de acuerdo con las capacidades productivas de cada región. De hecho, en relación con la priorización regional, gana en protagonismo el principio de territorialidad, que se enfatizó en el trámite del Plan Nacional de Desarrollo. Como lo propuse alguna vez, el esquema de concurrencia invita a los ministerios a presentar proyectos conjuntos y en sintonía con los departamentos y los municipios, y la asignación presupuestal depende del retorno social y económico de cada proyecto. Algo muy útil para el resto del cuatrienio y hacia adelante.
No sobra advertir que este año la ejecución de las entidades territoriales está limitada por la Ley de Garantías (por las elecciones de octubre), haciendo que la concurrencia de los recursos del Gobierno nacional tenga que ponerse en marcha con mayor vigor. Estoy seguro de que varias instituciones multilaterales estarían dispuestas a acompañar una gestión pública territorial e integrada. Y vale la pena destacar que un elemento central de la reactivación tiene que ver con las sinergias de los sectores público y privado. Hablar de unir esfuerzos y acuerdos nacionales no es accesorio cuando estamos ante retos de gran magnitud y con la promesa política de un verdadero cambio.
* Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.
