De las muchas oportunidades perdidas, el Gobierno está renunciando a consolidar la posición fiscal sana que definió en su primer año cuando el exministro Ocampo era la cabeza de Hacienda.
En 2023, recordemos, el déficit fiscal cerró en 4,3 % del PIB. Un logro destacable al tener en cuenta que los déficits dejados por el gobierno anterior habían sido 7,8 % en 2020, 7 % en 2021 y 5,3 % en 2022 —Colombia, de hecho, perdió su grado de inversión en 2021 (gobierno Duque), sin que bastara la justificación de la pandemia—.
Se pagaron además los compromisos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que en 2022 cerraron en casi 37 billones de pesos, cifra equivalente a dos reformas tributarias y a más de dos puntos porcentuales del PIB. Asimismo, la deuda del Gobierno Nacional Central quedó en 2023 por debajo del nivel ancla de la regla fiscal (55 % del PIB). En contra del catastrofismo de algunos, los objetivos fiscales se cumplieron.
En términos del liderazgo que uno espera de los gobiernos, ese panorama fiscal contó con la aprobación de la reforma tributaria de 2022, marcada por amplia concertación y el respaldo de sectores sociales, empresariales y organismos internacionales. Una reforma con progresividad que no aumentó de manera generalizada la carga fiscal de las empresas.
Hoy el escenario es otro. Se estarían confirmando los errores de planeación fiscal de finales de 2023 y de todo 2024. La presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) dice que el Gobierno habría sobrepasado la regla fiscal en 20 billones de pesos, y que el Gobierno necesitaría recortar 50 billones de pesos para cumplirla en 2025. Hay debates técnicos sobre las magnitudes previstas por la regla, sí, pero en cualquier caso es inconveniente que el déficit fiscal se haya elevado de 4,3 % del PIB (2023) a casi 7 % en 2024. Con la presentación del Presupuesto de 2025, nos habían dicho que el déficit sería 5,6 % del PIB.
La credibilidad está amenazada. Hubo desorden. Se prometió primero para 2024 un déficit fiscal de 5,3 % del PIB —razonable dada la desaceleración de 2023—; sin embargo, la promesa fue acompañada por un Presupuesto General de la Nación (PGN) en el que se sobrestimaron los ingresos tributarios. Se le entregó luego a Crédito Público la tarea de controlar el gasto durante el año, pero el Gobierno de todos modos terminó con un déficit de casi 7 puntos porcentuales del PIB. Paradójicamente, la subejecución que tanto se le cuestiona al Gobierno ayudó a evitar que el déficit fuera aún mayor. Hay que decirlo también.
Tarea grande entonces para el nuevo ministro de Hacienda. Ayudará la recuperación del PIB en 2024 y 2025, pero el ajuste de gastos es inevitable. Si no se logra, el próximo gobierno (2026-2030) tendrá que enfrentar una herencia tan mala como la que el gobierno Duque le dejó al gobierno Petro. No se trata esto de un asunto macroeconómico frío; el alto servicio a la deuda seguiría quitándole espacio presupuestal a importantes programas sociales y productivos.
Como he dicho en varias oportunidades: los compromisos fiscales no son del gobierno de turno, son de la Nación, y los gobiernos están para manejarlos, no para patearlos hacia adelante.
*Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.
