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El equipo económico del Gobierno estaba convencido de poder atender tres objetivos simultáneos con su reforma tributaria: 1) financiar una expansión de las transferencias monetarias (ingreso solidario) en año preelectoral; 2) evitar una mala calificación de la deuda, enviando señales a los mercados internacionales sobre su interés de ajustar el déficit fiscal, y 3) minimizar el efecto tributario sobre las personas con más ingreso y riqueza, diluyendo la carga de los impuestos en otros actores, entre ellos la clase media.
Demasiados pájaros para un solo tiro. Terminaron con una propuesta de reforma técnicamente pesada y con flancos débiles. Fue entonces fácil para la oposición enfatizar los efectos de la reforma sobre la clase media y los asalariados –efectos ciertos, no únicos–, y eso fue suficiente para lograr una mejor comunicación y conexión con la gente –algo que no logra aún el Gobierno–.
Tenían previsto que se le fuera cogiendo el dobladillo a la propuesta de reforma en el Congreso, y que quedaría algo políticamente a la medida: el ingreso solidario, al que nadie podía oponerse; dejar una señal técnica de responsabilidad fiscal en los mercados internacionales, y luego de echarse para atrás con los puntos más controversiales (IVA) lograrían mantener la estructura de impuestos prácticamente en lo mismo. ¿Avanzar hacia una estructura tributaria verdaderamente progresiva? No estaba en los planes.
Nunca imaginaron que el juego se volvería de todo o nada. No imaginaron que la reforma se convertiría en un nuevo detonante del malestar social y que tendrían que retirarla por completo del Congreso. Sobreestimaron su capacidad de contar con el apoyo de Cambio Radical y el Partido Liberal; subestimaron el liderazgo de la oposición, que busca ganar espacio como alternativa para el 2022. Hasta el partido de gobierno dejó al presidente como fusible. El Gobierno subestimó el panorama socioeconómico del país. El Gobierno subestimó su propia impopularidad. Y hay una crisis de representatividad institucional que está convirtiendo la calle en el espacio de trámite de las discusiones políticas.
Por increíble que suene, el plan no ha cambiado mucho. Siguen pensando en una reforma, ahora más ligera, respaldada por empresarios y por los partidos políticos que intentaron seducir antes. Los tres objetivos de este Gobierno siguen vigentes, y la reducción de la calificación de la deuda colombiana por parte de Standard & Poor´s solo aumenta la presión –falta lo que dirán luego las calificadoras Moody´s y Fitch–.
La nueva versión de ajuste fiscal vendría basada en lo propuesto por la ANDI, que ya incluye la posibilidad de enajenación de activos del Estado, y se incluirían reducciones en el gasto público, al menos simbólicas, para enviar un mensaje de compromiso por la asignación eficiente de recursos públicos.
Estamos cerca del regreso de la reforma zombi.
* Ph.D. en Economía, University of Massachusetts-Amherst. Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/).
