Luego de que la economía colombiana creciera 11 % en 2021 y 7,3 % en 2022, las proyecciones para 2023 están cerca de 1,5 %.
Esta desaceleración no emerge con sorpresa. Era anticipada, finalizado el rebote de 2021 —luego de la caída del PIB en el 2020 (-7,3 %)— y con el agotamiento de la expansión del consumo, al culminar las bajas tasas de interés que dominaron el panorama financiero hasta comienzos de 2022.
Con la inflación alta, la Junta Directiva del Banco de la República tuvo que apagar el propulsor de la política monetaria. Recurrió a aumentos acelerados de su tasa de interés de intervención, a pesar de reconocer que la subida de los precios tenía factores de oferta (precios de los fertilizantes, precios de la energía y un largo y severo invierno), y asumió el riesgo de encarecer el crédito de los sectores productivos, incluso con el riesgo de acentuar los problemas de oferta, por ejemplo, del sector agrícola. Una encrucijada para muchos bancos centrales en el mundo.
Por el lado de la política fiscal, el Gobierno Petro heredó altos niveles de endeudamiento y déficit fiscal, incluyendo el del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). El ajuste era también inevitable como parte de una política fiscal responsable y sostenible.
No obstante, muy diferente del recetario ortodoxo, no íbamos con ese ajuste a perder otro motor: el del gasto y la inversión pública, para atender las demandas sociales y al anticipar la desaceleración del 2023. El ajuste fiscal tendría que venir acompañado de más recursos públicos para los programas y las reformas sociales, la reforma agraria y los programas de desarrollo productivo, reindustrialización y diversificación exportadora —por cierto, varias de estas iniciativas deben terminar de ser formuladas y ponerse en marcha—.
El rompecabezas fiscal solamente podía quedar armado con una reforma tributaria que incrementara el recaudo, pero que lo hiciera con focalización contributiva en aquellos con más altos ingresos y riqueza y en sectores empresariales que tienen la posibilidad de aportar más de acuerdo con sus ganancias (por ejemplo, hidrocarburos). La progresividad de esta reforma la hizo diferente de otras que aumentaron el recaudo a través del IVA o mediante incrementos generalizados del impuesto de renta a todas las empresas.
La reforma tributaria, por ahora la única de la agenda económica aprobada por el Congreso de la República después de un amplio consenso, sentó las bases para la recientemente aprobada adición presupuestal y para implementar una política contracíclica de oferta (expansión productiva y, por qué no, empleos de emergencia) que permita a la vez: 1) un aterrizaje suave de la economía y 2) fortalecer las capacidades productivas para un crecimiento sostenido de mediano y largo plazo, mucho menos vulnerable a los vaivenes de la economía internacional, los precios del petróleo y las tasas de interés de las economías avanzadas.
El Gobierno enfrenta ahora el reto de ejecutar eficientemente los recursos presupuestales que se obtuvieron con la tarea nada sencilla de abrir espacio fiscal en medio de un ajuste fiscal. El éxito de la ejecución presupuestal en los sectores agrícola, de educación, de energías renovables, de industria y turismo, transporte y vivienda requiere gobernabilidad y concurso del sector empresarial. Y que no se olvide que esa ejecución eficiente y transparente del presupuesto es a la vez una oportunidad valiosa de gobernabilidad. La prioridad es clara.
* Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.
