Economía con covid persistente

Se sabía que la ausencia de buenas medidas económicas de choque en 2020 y 2021 en Colombia llevaría a una destrucción de empresas, pérdida de empleo y afectaciones en las cadenas productivas, que luego haría pasar a la economía por covid de largo plazo: fatiga permanente y recuperación insuficiente. Y se suman a veces episodios de pérdida de memoria y delirios triunfalistas.

Detrás de los pobres resultados macroeconómicos está la política económica de crisis del Estado: pequeña, tardía y mal priorizada. Todavía hay un déficit de 400.000 puestos de trabajo frente a febrero prepandemia (¡ya hace dos años!). Y no olvidemos que veníamos con desempleo estructural cercano al 10 %. La inflación es 7 %, reduciendo la capacidad adquisitiva del ingreso de la gente. El déficit en cuenta corriente, explicado porque importamos más bienes y servicios que los que exportamos, se sigue deteriorando; la cifra estará cerca del 6 % del PIB al cierre de 2021, reflejando nuestra falta de competitividad internacional. Este déficit es una razón fundamental de la tendencia al alza del precio del dólar, en un contexto de contracciones del financiamiento internacional. Se encarecen así las importaciones y hay más presión inflacionaria.

Mientras tanto, el Gobierno y el Banco de la República, autoridades claves de la política económica, no parecen estar respondiendo al llamado constitucional de coordinación. El Gobierno critica los aumentos recientes de la tasa de interés, luego de su ligera protección de la oferta productiva durante los peores momentos de la crisis —y luego de elevar el salario mínimo por encima del 10 %—. El Banco de la República, cubierto con el manto de la autonomía, eleva sus tasas de interés de intervención, luego de haber contribuido poco a la reactivación, y sabiendo que esas tasas no detienen una inflación generada especialmente por los altos costos de los alimentos. Dirán que es para evitar que las expectativas inflacionarias pierdan su ancla (en lenguaje técnico), pero parece más un asunto político de mostrar que algo se está haciendo, por inocuo que sea.

Nunca es tarde para hacer llamados a una mejor coordinación de la política económica. Tampoco lo es para seguir pidiendo la activación de medidas de emergencia social. Son menos necesarias que en 2020, sí, pero siguen siendo necesarias; evitarían una mayor duración del efecto covid de largo plazo de la economía, y seguramente son ahora menos costosas —con metas menores a las de hace dos años—. Pensando en las urgencias de los más pobres, algunos ejemplos de esas medidas son: proyectos de empleo de emergencia, el fortalecimiento de una red nacional de bancos de alimentos, apoyo al desarrollo de granjas comunitarias y cooperativas agrícolas, importaciones de alimentos coordinadas por el Gobierno (para contar con mejor información de oferta y demanda y para negociar mejores precios) y compras directas a pequeños productores agrícolas. Y, al respecto, el próximo gobierno tendrá el desafío de poner en marcha una estrategia de desarrollo productivo para alcanzar la seguridad alimentaria.

No es aceptable que 16 millones de colombianos consuman apenas dos comidas al día o menos, ni que se deje la recuperación del empleo en modo inercial, cuando hay tanto trabajo y talento en el país por aprovechar.