Algunos de los resultados del ajuste económico argentino están siendo celebrados con premura como la más reciente panacea del neoliberalismo latinoamericano, incluso con la ilusión de su extensión hacia otros países de la región.
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No son claras las razones. La inflación pasó de 289 % (anual) en abril a 272 % en junio. Hay, eso sí, buenas señales en las variaciones mensuales más recientes: gracias a ellas, las expectativas de mercado anticipan 138 % al finalizar 2024 y 48 % en 2025. Reducción eventualmente importante, aunque las cifras son inimaginables en Colombia —con una inflación, digamos para este caso, de “apenas” 7,2 %—.
Los elementos centrales del freno antiinflacionario son las fuertes reducciones del gasto público y del déficit fiscal, consistentes con el proyecto de desmonte estatal del presidente Milei —vale aquí sí el rótulo de “neoliberal”—. El Gobierno recortó el gasto en una cuarta parte en términos reales, generando por primera vez en casi dos décadas un superávit fiscal acumulado por varios meses consecutivos. Pasan por el recorte: inversiones públicas, transferencias a las provincias, subsidios y salarios.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las calificadoras de riesgo respaldan el plan, la prima de riesgo soberano de la deuda argentina ha caído de 2.000 puntos básicos al comenzar este año a cerca de 1.600 puntos. Así, Argentina hoy tiene que pagar una menor tasa adicional sobre la tasa de interés de los bonos del tesoro de los Estados Unidos. Vale la pena mencionar que tienen controles cambiarios que han propiciado una acentuada reevaluación de la tasa de cambio real, que podría estar desalineada con la cuenta corriente. El riesgo de una devaluación acelerada desbarataría el plan de ajuste.
Los abrazos del FMI y las calificadoras, en general, hay que recibirlos con cuidado. Para las últimas, en particular, la prioridad está en evaluar el riesgo crediticio para los acreedores, no el bienestar social de la población. Junto con el apretón, los salarios reales argentinos han caído fuertemente, consecuencia de tasas de crecimiento negativas de la economía acompañadas del deterioro del empleo en construcción por la disminución de las inversiones públicas. En algunos casos los sindicatos han tenido que permitir que los salarios nominales aumenten menos que la inflación para evitar un resultado peor: más despidos. Combinación de la herencia Fernández y el ajuste Milei son la desigualdad y la pobreza crecientes. Altos costos sociales.
Mientras tanto, la oposición parece estar esperando el momento de capitalizar un mayor descontento social. Un asomo sería la transformación de “Hacemos por nuestro país” de coalición electoral a partido político de oposición (incluye, entre otros, al peronismo no kirchnerista y al partido socialista). La popularidad del Gobierno, sin embargo, es estable por ahora; están logrando la aprobación de sus reformas —mermadas sí frente a las propuestas iniciales— para impulsar la privatización de empresas estatales, la reducción de impuestos a las ganancias empresariales y más incentivos para el sector minero-energético.
Si el ajuste macroeconómico es lo suficientemente rápido para ser relajado pronto, impedirán que las fragilidades se vuelvan fracturas. Si subestiman el impacto social, el fantasma de 2001 podría reaparecer, pasando de una mala situación a una peor. Equilibrio delicado el que enfrenta la República Argentina.
*Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.
