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El reto macroeconómico más importante que tendrá que enfrentar el nuevo Gobierno es el ajuste fiscal. He anotado en varias oportunidades que la mala herencia fiscal del gobierno Duque, incluyendo el altísimo saldo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), de la deuda pública y la pérdida del grado de inversión, se convirtió en una herencia aún peor en los últimos años del gobierno Petro.
El déficit fiscal cerró en 6,4 % del PIB en 2025, no muy diferente al cierre de 2024 (6,7 %). La deuda del Gobierno Nacional Central, cercana al 59% del PIB, se encuentra en niveles históricamente altos, solo superada por la de 2020 (pandemia). Aunque el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) habla de un cierre del déficit para 2026 cercano al 5% del PIB, varios analistas prevén una cifra por encima de 6 % otra vez. La inconsistencia entre metas fiscales y resultados desde 2024 deterioró la credibilidad. Esto llevó a mayores tasas de interés para financiar la deuda pública. Se perdió espacio fiscal para las inversiones productivas y para atender las necesidades de las poblaciones más pobres —una tajada más grande del presupuesto se va a pagar la deuda—, y se incentivó al sistema financiero a colocar más recursos en deuda pública que en crédito hipotecario. Las altas tasas de interés de la economía han sido especialmente responsabilidad del Gobierno. De hecho, las tasas de los títulos de tesorería (TES) han aumentado más que las del sector financiero.
Gran oportunidad perdida al no mantener los esfuerzos del primer año del Gobierno, cuando el exministro Ocampo lideró la cartera de Hacienda. En 2023 el déficit fue 4,3 % del PIB y la deuda neta 53,3 % del PIB —incluso por debajo del nivel ancla de la regla fiscal—. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) no tuvo inconveniente alguno en ese momento para validar el cumplimiento de la regla. Hoy está detenida por la cláusula de escape activada a mediados de 2025.
Hacia adelante, las tareas inmediatas son: 1) una actualización financiera del reciente MFMP, con metas razonables y creíbles para contar con el apoyo de la banca multilateral y para enviar señales de tranquilidad a los mercados con el propósito de reducir el costo de financiamiento; 2) una hoja de ruta fiscal con recortes sensatos del gasto y mejoras en la eficiencia del recaudo, permitiendo ganar legitimidad para una eventual reforma tributaria; 3) la articulación de competencias con las entidades territoriales; y 4) la construcción de un acuerdo político en el Congreso de la República para el ajuste fiscal, evitando el exceso de decretos, muchos de los cuales podrían ser declarados inexequibles por parte de la Corte Constitucional. La táctica de gobernar en los temas económicos con decretos, ya usada por el gobierno Petro en sus últimos años, afecta la estabilidad jurídica necesaria para la economía.
El empalme de gobierno es fundamental para estas tareas. Buen momento para recordar y agradecer de nuevo al exministro José Manuel Restrepo y su equipo un empalme en 2022 respetuoso, técnico, generoso y con la certeza de que el Estado es superior a un gobierno de turno. Que el empalme de 2026 tenga la misma altura.
* Ex viceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.
