La idea del Gobierno de las inversiones forzosas es inconveniente, más allá de las críticas absurdas del presidente Duque al calificarlas como “expropiación”, o que en el pasado el presidente Uribe, desde otra orilla política, las haya defendido. Dice el Gobierno que son buenas para la reactivación económica y para los bancos. Borroso el efecto de reactivación, ingenuo el supuesto beneficio para las instituciones financieras.
Está claro que una nueva fracción de créditos se dirigiría, con orientaciones del Gobierno, a sectores priorizados que hoy no cuentan con suficientes préstamos. No obstante, el diseño concreto es desconocido: montos, destinos específicos, mecanismos de asignación, garantías en caso de que los nuevos deudores dejen de pagar los créditos, deuda pública futura. Las buenas intenciones de irrigar crédito no son suficientes para validar la iniciativa. Imposible saber la eventual contribución al anunciado (y tardío) plan de reactivación. Y simplemente no tiene sentido el argumento sobre lo que es mejor para las instituciones financieras, que deciden los créditos buscando su mayor ganancia. En eso el Gobierno no les va a enseñar a los banqueros. ¿Hay acaso algo que sepa el Gobierno que no sepan ellos para mejorar su rentabilidad? Ciertamente no.
Por supuesto, hay que reconocer, con el perdón de la mano invisible y de la retórica publicitaria de algunos bancos, que el objetivo de sus ganancias no está necesariamente alineado con los objetivos del Estado (empleo o reducción de la pobreza). Hay fallas de mercado y algunas intervenciones de gobierno son necesarias. Pasa en el caso financiero, pasa en otros sectores. Existen por eso regulación e impuestos. De tal manera que la tarea en la que el Gobierno sí debe ser mejor que cualquier otro es en la ejecución eficiente y transparente de los recursos públicos, no de los recursos privados. Por controversial que sea, preferible sería entonces que se examine la posibilidad de aumentar los impuestos a las ganancias extraordinarias del sector financiero, con el trámite respectivo en el Congreso. Incierta en todo caso la viabilidad política para intervenciones al sistema financiero en este momento.
Mejor aprovechar hoy que la Nación cuenta con una estructura de banca de desarrollo, con importantes activos y capacidades, especializada en la estructuración de proyectos, garantías financieras y créditos para promover las exportaciones, la infraestructura y el desarrollo del sector agropecuario. Su acción puede ampliarse. Puede ajustarse su regulación para que el apetito de riesgo sea mayor. Puede mejorarse la alineación del plan de inversiones de la Nación con los objetivos de estas entidades (Bancoldex, Financiera de Desarrollo Nacional, Finagro, Fondo Nacional de Garantías, entre otros). El fortalecimiento del Grupo Bicentenario —incluyendo su formalización reciente como conglomerado financiero (184 billones de pesos)— y la mejor ejecución del Presupuesto General de la Nación pueden incentivar la concurrencia de recursos públicos y privados en proyectos estratégicos de reindustrialización, transición energética y de la economía popular.
Los bancos prestarían más en sector priorizados porque son rentables, no porque toca, y no se enfrentaría el riesgo de trasladar ineficiencias forzosas (mayores costos crediticios) a quienes hoy sí tienen acceso al crédito.
Por último, lo forzoso no va bien con la idea de un nuevo intento de acuerdo nacional.
* Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana. @G_HernandezJi
