Desde los primeros remezones ministeriales, el Gobierno ignoró que su llegada a la presidencia fue en segunda vuelta y con 50,44 %, de manera que la gobernabilidad dependía de su capacidad de dialogar y llegar a acuerdos, en lugar de imponer agendas.
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Sin desconocer errores de algunos representantes de la oposición, el Gobierno es el máximo responsable de la ruptura del diálogo constructivo con los gremios y diferentes actores políticos. Optó por una constante y desgastante confrontación.
La más reciente demostración es la amenaza de una nueva declaratoria de emergencia económica si el Congreso de la República no aprueba la reforma tributaria para financiar los 16 billones de pesos que no están cubiertos aún en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026.
Se trataría del cuarto anuncio, luego de las emergencias motivadas por la situación de la Guajira, la crisis de orden público del Catatumbo y el escenario sanitario por la fiebre amarilla. La Corte Constitucional declaró inexequible la primera y parcialmente exequible la segunda. La tercera quedó en anuncio. Si viene una nueva, lo más probable es el destino de inconstitucionalidad: el déficit fiscal no es un hecho sobreviniente.
Las declaratorias han sido convertidas en causas políticas en las que su inviabilidad se usa para alimentar la narrativa de “bloqueos” por parte del “establecimiento”. Así, curiosamente, en el fracaso radica el éxito para el Gobierno; mantiene la retórica de que siempre alguien diferente al Gobierno es el responsable de la falta de gobernabilidad.
El camino correcto en lo económico era que el Gobierno continuara el ajuste fiscal logrado en 2023, sin elevar los gastos más allá de lo permitido por los ingresos tributarios y un financiamiento sensato. Desde 2024 es necesario un ajuste gradual de gastos que le permita al país recuperar la credibilidad en el manejo fiscal y evitar así que sigan aumentando las tasas de interés a las que se financia Colombia. Los costos de este endeudamiento se llevan gran parte del presupuesto que podría ser usado para proyectos de inversión productivos.
El Gobierno, en cambio, decidió usar la cláusula de escape de la regla fiscal luego de un déficit altísimo en 2024 (6,7 % del PIB). Se espera, de hecho, un déficit igual o mayor en 2025 junto con una pésima herencia de compromisos para el siguiente gobierno.
Recordemos que para 2025 el PGN no fue aprobado por el Congreso de la República. Ante la amenaza de que fuera decretado otra vez en 2026, con una desfinanciación inicial de 26 billones de pesos y con la clara intención del Gobierno de responsabilizar al Congreso del mal manejo fiscal del Ejecutivo, el Congreso acordó la aprobación del presupuesto con un primer ajuste de 10 billones de pesos, con la condición de que tendría que presentarse una propuesta de financiamiento por 16 billones de pesos. En todo caso, el Gobierno y el Congreso sabían que el aval de más impuestos tendría mínimas posibilidades.
Tiene que haber recortes, pero es claro que el Gobierno seguirá gastando tanto como se lo permita su caja sin importar las consecuencias en los próximos años. En realidad, una eventual declaratoria de emergencia económica sería un nuevo testimonio de la emergencia de gobernabilidad que creó el propio Gobierno.
* Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.
