Plenamente justificada está la declaración anunciada por el Gobierno Nacional del Estado de Emergencia para activar los instrumentos excepcionales necesarios con el objetivo de atender a las víctimas del terremoto e iniciar la reconstrucción de los territorios más afectados. Al momento de escribir esta columna, el terremoto ha dejado cerca de 300 muertos, 4000 heridos, más de 115.000 damnificados y daños inmensos en la infraestructura.
Los decretos del Estado de Emergencia tienen un horizonte de tiempo limitado. No obstante, en materia legislativa, permiten que el Congreso de la República, en conjunto con el Gobierno Nacional, cuenten con tiempo para establecer una hoja de ruta más sólida y permanente. El Congreso de la República deberá apoyar con su iniciativa legislativa la aprobación de las leyes necesarias para definir un plan de reconstrucción y reactivación durante todo el cuatrienio.
El centro articulador de la agenda legislativa de los próximos meses tiene que ser el Plan Nacional de Desarrollo, con sus bases, el plan plurianual de inversión y el respectivo articulado. La aprobación, sin duda, pondrá a prueba de nuevo las relaciones Ejecutivo-Congreso. Ojalá los propósitos de Nación estén muy encima de las confrontaciones políticas.
Este Plan es particularmente importante dada la disminuida capacidad de reacción de la política macroeconómica. La política monetaria seguirá en modo contractivo para evitar una inflación galopante. La política fiscal está en modo de ajuste para corregir los resultados de 2024 a 2026: déficits fiscales superiores al 6 % del PIB por tres años consecutivos, sin crisis sobreviniente como la que sí enfrenta ahora el país.
Así, tendrán seguramente que adelantarse los tiempos de un ajuste tributario que permita abrir espacio fiscal para atender las crisis heredadas —salud entre ellas— y la del terremoto. El Estado de Emergencia, de hecho, permite nuevos tributos que más adelante podrían ser ratificados por el Congreso de la República para darles permanencia. Tienen que primar los principios de progresividad y focalización de la política fiscal, de tal manera que solo aquellos con más ingresos y riqueza hagan pagos adicionales de impuestos, sin nuevos impuestos al sector productivo, que es clave para la reconstrucción y reactivación.
Hay que garantizar simultáneamente la transparencia en el uso de esos recursos a través de un nuevo fondo de reconstrucción, con el acompañamiento de la Contraloría General de la República. La falta de legitimidad por cuenta de los malos usos de los recursos públicos ha minado política y socialmente la posibilidad de tener unos ingresos tributarios que correspondan con las necesidades sociales y productivas del país.
Aquel fondo, aunque temporal y específico, puede convertirse en un catalizador de proyectos con concurrencia de recursos privados y públicos, así como nacionales y de las entidades territoriales, además de la cooperación internacional. El Departamento Nacional de Planeación tiene un papel fundamental en la estructuración y viabilidad de esos proyectos, que pueden ser fortalecidos con las capacidades del Grupo Bicentenario.
Grave sería que una atención desordenada de la nueva crisis profundice la crisis fiscal. La respuesta institucional tiene que ser eficiente, transparente y coordinada, con el concurso de todos los poderes del Estado, del sector privado y de las comunidades, que han demostrado un inmenso y admirable trabajo solidario.
* Ex viceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.
