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El gobierno Petro insiste en su ataque al Banco de la República. Lo más preocupante, al margen de los desacuerdos por el aumento de la tasa de interés —que pueden existir en la tarea de coordinación de la política fiscal y monetaria— o de los debates sobre teorías económicas —que deben ser atendidos sin malestar ni aspavientos—, es la acusación de que la mayoría de la Junta Directiva del banco central actúa en beneficio de los banqueros. Aquel señalamiento tendencioso, acompañado de la decisión del ministro de Hacienda de retirarse de la Junta, busca desprestigiar y boicotear una institución con mandato constitucional.
Teniendo en cuenta que este tipo de descalificaciones han ocurrido ya frente a otras instancias de los poderes judicial y legislativo, se trata de un ataque sistemático al marco institucional con el objetivo de ganar respaldo popular en medio de la polarización —por decir lo menos—, evadiendo nuevamente, en el caso económico, la responsabilidad del Ejecutivo por las consecuencias macroeconómicas de los altos niveles de déficit fiscal y endeudamiento.
“La culpa es del Congreso de la República por no aprobar una nueva reforma tributaria”; “la culpa es del Banco de la República por subir las tasas de interés”; “la culpa es de la Corte Constitucional por no refrendar las emergencias económicas”; e incluso “la culpa es de los exministros”. Vaya tipo de liderazgo.
Infortunadamente así, el gobierno Petro continúa con la retórica populista de confrontación, el discurso antiestablecimiento, el desprecio por lo técnico y, también hay que decirlo, con una comunicación innegablemente efectiva que resulta de la sobresimplificación de asuntos complejos, como los relacionados con la política macroeconómica.
Hay que reconocer que con esa comunicación el presidente ha logrado una democratización de muchas discusiones. En las calles —y en las redes sociales— se habla de temas otrora puntos ciegos para la ciudadanía o que se consideraban materia exclusiva de una élite académica, intelectual y política: las tasas de interés de intervención del Banco de la República, las consecuencias del déficit fiscal, las decisiones sobre la producción de hidrocarburos en un escenario de transición energética o las reformas sociales. Aquella democratización, sin embargo, tiene que madurar hacia discusiones más sensatas, rigurosas, menos conflictivas, más profundas y con vocación de diálogo para alcanzar acuerdos.
En defensa de la institucionalidad, no puede olvidarse que la democratización de los debates sobre la política pública se sostiene en las garantías sociales y políticas de las instituciones existentes, a pesar de sus imperfecciones y de los caminos violentos que han atravesado. La Constitución Política de 1991 fue y sigue siendo un logro enorme en la definición de los acuerdos fundamentales sobre el Estado social de derecho en medio de tiempos turbulentos de nuestro país.
El orden institucional de la Constitución del 91 debe ser defendido porque define una base de estabilidad jurídica y de acuerdos razonables sobre los que el país puede construir su estrategia de desarrollo para superar la pobreza y las desigualdades.
Y sobre los presidentes: que recuerden que son elegidos para administrar el Gobierno por cuatro años, no para ser un faro mesiánico permanente de la nación. Esta claridad no puede deformarse a conveniencia por simpatías particulares, sean de derecha o de izquierda.
* Ex viceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.
