La aritmética simple de la reforma

Serán pocos los puntos sorpresivos de la reforma tributaria, luego de tantos borradores socializados.

Con las oleadas de rumores, el Gobierno ya tanteó el panorama técnico y político, incluso experimentando el fuego amigo de algunos miembros de su propio partido de Gobierno que decidieron asumir el rol de oposición. Algo conveniente políticamente en este momento. Es el ciclo de la moda en el que cada cuatro años vuelven a imponerse los trajes de teflón.

En lo que uno esperaría llamar la etapa de retoques, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hizo énfasis en dos temas en los que se basa la línea argumentativa de defensa de la reforma. Primero, que el Gobierno solo tiene caja para siete semanas. Y segundo, que el gasto público es inflexible. De esta forma se simplifica el problema fiscal a la necesidad de más impuestos. Simple aritmética.

Aunque la política fiscal es mucho más compleja, el Gobierno sabe que la simplicidad aritmética le da una ventaja de comunicación eficaz con la ciudadanía. Más importante, y a la vez preocupante, es que con esa posición logra simplificar debates por los que debería responder más activamente: la responsabilidad por la contribución al hueco fiscal con su reforma tributaria de 2019, llamada “Ley de Crecimiento”, y la ejecución del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).

Para que no queden en abstracto estos dos puntos, vale la pena recordar que Fedesarrollo había advertido que la reforma tributaria de 2019 reduciría el recaudo tributario en cinco, ocho y luego diez billones de pesos en los años 2020, 2021 y 2022, respectivamente. Y, en relación con la ejecución del Fome, las cifras publicadas por el propio Ministerio de Hacienda muestran que solo se comprometieron $22,5 billones de los $40,5 billones disponibles en 2020 (56 %). A estos puntos se suman otros, muy mencionados en campaña electoral, en los que no parecen existir grandes avances: modernización tributaria y reestructuración del gasto público para hacerlo más eficiente.

El Gobierno necesita más recursos para mantener y aumentar las transferencias monetarias implementadas desde el 2020, y mitigar así el desgaste político antes de la contienda electoral que viene. Esto es prioritario para la administración Duque y su partido de gobierno, por encima del obvio malestar popular que generan las reformas tributarias. No estarían, de lo contrario, llevando el barco hacia la tormenta política que se dirige. Con todo y el riesgo de naufragio, ven que pasar por esa tormenta es lo único que queda ahora para llegar a puerto.

Lo sustancial para el país, por encima de intereses particulares, es que a la hora de construir un respaldo general del Congreso de la República y de diferentes fuerzas políticas, se aproveche la oportunidad de ajustar la estructura tributaria para que sea más progresiva, equitativa y eficiente. Se pueden ir construyendo nuevos acuerdos sociales en medio de una crisis. Se puede hacer con gradualidad y con una visión integral de impuestos y gasto público. Algo que va más allá de lo que deja ver la aritmética contable de cuadrar caja.

* Ph.D. en Economía, University of Massachusetts-Amherst. Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/).