Dos reacciones principales frente a la propuesta de reforma tributaria del Gobierno. La primera, ampliamente discutida en columnas anteriores, es que el ajuste fiscal es necesario y asimismo es necesario que incluya más impuestos –al margen de las promesas incumplidas de la campaña presidencial y la ingenuidad de quienes esperaban soluciones facilistas–.
La segunda es que no es cierto que el mayor esfuerzo de la llamada “Ley de rescate” esté en el recorte de los gastos del Gobierno. Con suerte tres de cada 10 pesos del apretón vendrían de eficiencia del gasto y la reducción de las órdenes de prestación de servicios. Y para 2030, los dos rubros más importante serían los incrementos del IVA y un mayor impuesto de renta a las personas naturales.
Por la primera reacción, hay que apoyar la iniciativa. Por la segunda, sin embargo, hay que pasar el proyecto de ley a cirugía. El Gobierno tiene la tarea de avanzar mucho más en: 1. la reducción de los gastos y 2. mejorar la progresividad, de tal manera que una mayor carga impositiva sea pagada por las personas de más altos ingresos y riqueza. Y lo ideal es que esto ocurra en coordinación con la bancada “oficialista” en el Congreso de la República, único camino para darle viabilidad política al ajuste.
Para pasar de la adiciones presupuestales (ya aprobadas) a los recortes (necesarios), es hora, por ejemplo, de eliminar, con gradualidad pero contundencia, el subsidio al ACPM. Se estima que para el cierre de 2026 podría representar cerca de 14 billones de pesos, es decir, casi la tercera parte del ajuste fiscal que busca el Gobierno en 2027. Además, en los dos primeros años, por duro que sea, tendrá que reducirse la ejecución del presupuesto de inversión del Estado, dadas las inflexibilidades legales de otros gastos –estas tendrán que ser revisadas con otros proyectos de ley–. Y aunque está bien que se considere vender activos no estratégicos, el objetivo no puede ser continuar financiando gastos improductivos del Gobierno. El ajuste debe ser en el déficit primario teniendo en cuenta los ingresos recurrentes.
En lo más político, el Gobierno no propicia el diálogo amplio que una crisis de Estado requiere. Subestimó además la importancia del orden del ajuste –primero gastos luego impuestos– y la presión de los tiempos de discusión y aprobación del Legislativo –las sesiones ordinarias terminan el 16 de diciembre–. Corren el riesgo de que el Congreso se incline por las reducciones de impuestos (empresas) y no por lo necesario para el ajuste. Asimismo, la salida del ministro del Interior y la aprobación por decreto del Presupuesto General de la Nación son heridas que están aún abiertas.
La izquierda, por su parte, sigue paralizada. O ignoran la crisis fiscal, como hizo su candidato presidencial, o la relegan en favor de la oposición política.
Y hay que decirlo: el Centro Democrático parece ser el único partido que está entendiendo la oportunidad de tener un papel activo en la iniciativa legislativa de lo fiscal. Más allá de los acuerdos o desacuerdos, hacen una participación constructiva. 25 años después, las circunstancias podrían estar convirtiendo al expresidente Uribe y su bancada, ahora sí, en el Centro.
*Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana. @G_HernandezJi