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El pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) del sábado pasado solo puede ser calificado como mala noticia para Colombia. El organismo multilateral dice que el acceso del país a la Línea de Crédito Flexible es ahora contingente a la culminación de sus consultas técnicas y a revisiones subsecuentes.
A pesar del lenguaje diplomático, el mensaje está lejos de ser inocuo. En lugar de permitir que Colombia siga contando con una renovación expedita de ese crédito, como ha sido el caso desde 2009, el FMI inicia un escalamiento de revisiones y presiona al Gobierno a responder con una hoja de ruta fiscal frente al preocupante déficit fiscal de 2024 (6,8 % del PIB), al respectivo aumento de los niveles de endeudamiento y a la pérdida de credibilidad en la planeación de las finanzas públicas —resultado de la conocida sobreestimación de ingresos fiscales que ocurrió desde finales de 2023 para justificar un mayor gasto en 2024 y 2025—.
Por un lado, el efecto directo es que Colombia podría perder un instrumento de reserva ante choques adversos. Lo había advertido el exministro Ocampo. La Línea de Crédito Flexible es uno de los mejores recursos del FMI por su rápida disponibilidad y recordemos que el país la usó durante la pandemia (5.400 millones de dólares) con pagos que se han honrado. Dada la actual incertidumbre internacional, la mala noticia llega en un pésimo momento.
Por otro lado, el efecto indirecto del pronunciamiento, frecuentemente ignorado, es que los mensajes del FMI se convierten en señales para los inversionistas que le prestan a Colombia a través de la compra de bonos soberanos. A menos que se corrija el rumbo de las finanzas públicas, el país tendrá que endeudarse a tasas más altas, incrementando el servicio futuro a la deuda pública y perdiendo espacio fiscal para atender múltiples necesidades presupuestales, entre ellas las relacionadas con la política social. Como he dicho antes, no se trata de un asunto ideológico sino práctico.
El Ministerio de Hacienda celebró una emisión reciente de bonos por 3.800 millones de dólares; no obstante, muchos coincidimos al afirmar que las tasas que se pagaron son demasiado altas. Y no puede olvidarse que las calificadoras de riesgo siguen manifestando sus advertencias; únicamente Moody’s mantiene a Colombia en grado de inversión, ahora con perspectiva negativa.
Sobre la respuesta del Ministerio de Hacienda a la noticia del FMI, rescato como cierto un punto: el estado de la balanza de pagos es sano. El déficit en cuenta corriente se ha reducido (1,8 % del PIB en 2024 vs. 6 % en 2022) y las reservas internacionales han aumentado. Esto salva al país para que la presión del FMI aún esté en modo gradual. De hecho, por el estado de la balanza de pagos, junto con la caída del precio del dólar a nivel internacional, Colombia no ha experimentado una fuerte depreciación. Esto, sin embargo, no puede llevar a que el Gobierno subestime la fragilidad que tiene el país en un contexto internacional convulsionado.
Y finalmente, frente al desafío fiscal, el comunicado del Ministerio deja serias dudas. La respuesta es y será insuficiente mientras no se haga un ajuste del gasto público para garantizar un adecuado cierre fiscal.
*Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.
