Lo económico es uno de los temas claves de gobierno de estas elecciones presidenciales. Eso no ha cambiado de la primera vuelta a la segunda. La pobreza, la desigualdad, el desempleo, la inflación y los déficits fiscal y de cuenta corriente están todos en rojo, sin excepción, en medio de un profundo malestar social y en la antesala de una posible desaceleración o recesión global. Una política económica inercial, con más de lo mismo, no los pondrá de repente en verde.
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Para enfrentar los problemas más serios del país, es urgente iniciar una transformación productiva que incluya la priorización de los sectores agrícola e industrial, capaces de generar empleo, ofrecer seguridad alimentaria y elevar la productividad laboral y los salarios. Tendrá que fortalecer las empresas privadas con bienes y servicios públicos dinamizadores de la productividad: educación, formación para el trabajo, infraestructura vial, telecomunicaciones, ciencia, innovación y tecnología.
Y se debe sumar un programa de empleo público y comunitario de emergencia, que genere valor y atienda necesidades sociales urgentes (programas de alimentación, granjas comunitarias, reparación de escuelas, cuidado de niños y adultos mayores), y líneas de crédito a través de una sólida banca de desarrollo. Esto debe ocurrir en el marco de la responsabilidad fiscal, que significa cuentas claras, priorización de proyectos y una reforma tributaria para que las personas más ricas paguen efectivamente más, sin evasión ni paraísos fiscales.
Ya que el “cómo” tiene cara de “quién”, la transformación económica no puede ser liderada por personas que subestimen el papel del Estado o sigan la premisa de que las ineficiencias de lo público se corrigen reduciendo lo público —sofisma similar al de acabar la fiebre matando al paciente—. Tampoco pueden estar al frente representantes de grupos de interés que ven en lo público una puerta giratoria para hacer más rentables sus posiciones privadas. Si hay algo por hacer más fuerte en Colombia es lo público, sin corrupción, con transparencia y haciendo que sirva mejor al bienestar general de la sociedad.
Estos son temas de fondo que deben protagonizar los debates de las próximas semanas. Es el momento, de una vez por todas, para perfilar lo que sería el gobierno, discutir las estrategias económicas con claridad, sin engaños, sin demagogia, y darles a los electores la mejor información posible.
Mientras los candidatos Petro y Hernández suman respaldos políticos y programáticos —por dinámica que sea la política—, la ciudadanía merece saber hasta qué punto se trata de apoyos simbólicos o de posibles participaciones directas en el próximo gobierno. Esa transparencia debe ir de la mano de la responsabilidad cívica y democrática que tienen los candidatos de asistir a los debates.
La ciudadanía ciertamente merece más. No merece ir a las urnas el 19 de junio con una síntesis tan frustrante como la que tiene The Economist en la cabeza esta semana: “Una segunda vuelta presidencial entre un exguerrillero y un populista de TikTok pone en riesgo a un país estable”.
