Tuve la oportunidad de compartir en un foro académico algunas reflexiones sobre “la crítica al paradigma neoliberal”. Para ir al punto: defender sin reservas el libre mercado ignora que algunos alcanzan sus intereses privados sin que el resultado esté necesariamente sintonizado con el bienestar general. Las intervenciones del Estado son necesarias; sabemos que cuando solo importan las ganancias, se requieren medidas para evitar la ilegalidad, y regulaciones para limitar los impactos ambientales, los abusos laborales y la falta de competencia.
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En ciertos casos, además, se necesitan incentivos estatales para alcanzar objetivos deseables que podrían tardar en ser incorporados en la agenda de los privados: grandes inversiones en energías renovables a nivel nacional, en infraestructura municipal, en ciencia y tecnología o en acueductos en La Guajira, por mencionar algunos ejemplos. Asimismo, sin instrumentos redistributivos (inversiones sociales y subsidios), financiados con política tributaria, no hay garantías para la eliminación de la pobreza a través del libre mercado. Sea dicho de paso, vemos a veces la contradicción de ciertos privados buscando rescates estatales en tiempos de crisis y cuestionando de cualquier manera los pagos de los impuestos. Pasó recientemente con la pandemia y luego en la pospandemia, cuando la tarea de cubrir los gastos extraordinarios del Gobierno anterior estaba pendiente.
Menos bien recibido por quienes celebran “la crítica al paradigma neoliberal” es el otro lado de la reflexión: los mercados con sus sistemas de precios son una institución fantástica de coordinación descentralizada de millones de preferencias y decisiones individuales y empresariales; las fallas de mercado justifican intervenciones del Estado, pero no la sustitución de los mercados por Estado —no pueden olvidarse las fallas de los Estados—, y para enfrentar grandes retos económicos se requiere coordinación y concurrencia de capacidades y recursos públicos y privados. El sector privado innova y crea nuevas tecnologías.
En el escenario político, sin embargo, las ideas no parecen importar cuando se trata de descalificar. Hoy, cualquiera termina como “neoliberal” por cuestionar alguna reforma del Gobierno. El Gobierno, siendo para muchos el primero de izquierda, es acusado de “neoliberal” por incluir “estabilidad macroeconómica” en su Marco Fiscal de Mediano Plazo. Incluso la reforma a la educación, liderada por el Gobierno y que inicialmente había logrado algunos acuerdos en el Congreso, fue tumbada con consignas que la señalaban de “neoliberal”. Menos mal no se cayó por “neoliberal” la ley que amplía el cupo de endeudamiento, que le permite a la Nación cumplir con sus compromisos de endeudamiento, entre ellos algunos con el Fondo Monetario Internacional. Son obligaciones de la Nación, no del Gobierno de turno.
La gerencia de las políticas públicas exige manejar equilibrios delicados cuando se reconocen las ventajas y desventajas de los mercados y las ventajas y desventajas de los Estados.
Usar “neoliberal” con explicaciones concretas, bien, pero no como atajo para eludir los debates. Lo más importante, sin embargo, es que logremos superar la predominancia de lo ideológico en las discusiones de las políticas públicas y que pasemos a lo pragmático. La gente no necesita “neoliberalismo” o “antineoliberalismo”; necesita empleo, educación, salud, seguridad y dignidad con un modelo de desarrollo productivo sostenible y justo. Para ello hay que contar con los mercados y con un Estado sólido también.
* Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.
