Iniciaron las negociaciones sobre el salario mínimo. Las centrales obreras proponen un aumento de 14 %. Hay que decirlo: en medio de las condiciones macroeconómicas que enfrenta el país, esa cifra no tiene sentido. Están a tiempo de corregir su propuesta.
El argumento principal de los sindicatos es que un aumento del salario mínimo ayudaría a la reactivación económica del país porque les daría más ingresos a los hogares. Agregan a su propuesta una renta básica para “los millones de familias que carecen de ingresos y empleo” y subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Varios de los ingredientes son correctos. He defendido en esta columna de El Espectador, por ejemplo, la asignación de subsidios a los hogares más pobres y a las micro, pequeñas y medianas empresas, como parte de los mecanismos de mitigación de los efectos de la crisis —en cada caso, eso sí, con implementaciones que tengan presentes la efectividad y la viabilidad fiscal de las propuestas—.
Pero no porque el listado de ingredientes esté bien lo está la receta. El orden de los ingredientes y las magnitudes importan. Un aumento de 14 % en el salario mínimo no solo dificultaría la recuperación de los empleos formales, sino que incentivaría los despidos en muchas empresas, ya bastante golpeadas por la crisis. ¡El incremento de 14 % correspondería a cerca de 12 puntos porcentuales por encima de la inflación! En términos de la receta: demasiada sal para esa sopa. Hay que recordar, además, que a una tasa de desempleo de casi 16 % se suma una informalidad cercana al 50 % y que lo que algunos han llamado recuperación del empleo en los últimos meses ha sido liderado por los trabajadores por cuenta propia . No es momento para aumentar los costos del empleo formal.
Por otro lado, muchos precios de bienes y servicios subirían con ese aumento de 14 %. Tendríamos presiones inflacionarias indeseables, que limitarían la efectividad de las políticas para reactivar la economía.
Los sindicatos están a tiempo de ajustar su propuesta de arranque y aprovechar la oportunidad histórica que tienen de ser actores clave en la reactivación económica del país.
En búsqueda del bien público mayor, la propuesta sindical sería mucho más persuasiva si promovieran un inicio de 2021 con un aumento del salario mínimo igual a la inflación (2 %), con posibles incrementos a lo largo del año condicionados a la reactivación económica. Esa flexibilización en la negociación del salario mínimo sería un legado histórico, que podría significar, en un futuro más promisorio para la economía, una mejor distribución de los ingresos a favor de los salarios. Así, además, las centrales obreras contarían con todo el respaldo ciudadano. Hablaríamos de sindicatos que priorizan a los menos favorecidos y que representan también a los desempleados y a los trabajadores informales. Todos los actores sociales deben pensar hoy como país, no como gremios.
* Ph.D. en Economía, University of Massachusetts-Amherst. Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/).
