Por la resistencia de los acuerdos

Los acuerdos de paz del gobierno de Colombia con las Farc se ven en la actualidad (justo cinco años después de su firma) como un asunto histórico lejano. No han logrado convertirse en el elemento de convergencia nacional que esperábamos los más optimistas, tampoco en un motor permanente y vigente de reflexión a escala nacional de los problemas de desarrollo que subyacen en la violencia y el conflicto armado. La política nacional los relegó a menciones marginales en sus discursos, y solo se asoman nuevamente en los titulares cuando organismos internacionales critican los avances de la implementación. Las anécdotas inspiradoras, que ocurren a nivel de los municipios y las comunidades rurales, por ejemplo, en relación con los proyectos productivos, son resultado de grandes esfuerzos en medio de un ambiente adverso y peligroso.

Fácil no iba a ser. Los acuerdos llegaron al punto de ser firmados, cruzando una primera meta, sin piernas suficientes para la etapa siguiente, con un desgaste enorme luego de enfrentar oposiciones radicales (desde las más genuinas hasta las más oportunistas), campañas de desprestigio y la inercia de décadas de guerra. Pasaron a nuevas etapas de validación, así como terminó el gobierno Santos: con la lengua afuera. Menos de un año después del plebiscito, la carrera presidencial de 2018 dejaba claro que cualquier cercanía al presidente saliente era un pasivo. Eso incluía por supuesto a los defensores y gestores de las negociaciones con las Farc. Triunfó la oposición y con eso anticipamos que a pesar del blindaje constitucional los acuerdos sufrirían nuevos golpes en la implementación.

Un artículo reciente en el Financial Times, “Colombia: why peace remains elusive five years after Farc deal”, muestra con información del Kroc Institute, que en los dos años siguientes a la firma de los acuerdos (2017-2018) el porcentaje de lo completamente implementado llegó al 20 %. Luego se posesionó el presidente Duque y en tres años de su Gobierno el porcentaje subió apenas al 29 %. Preocupante si pensamos que en los primeros años se enfrentan los desafíos de la construcción de capacidades para poder luego avanzar más rápidamente. En lugar de eso, el gobierno Duque aplanó la curva de avances. Además, desde 2016, más de 300 excombatientes de las Farc han sido asesinados (más de uno por semana). dos de tres colombianos piensan que la implementación va mal.

En este panorama la resistencia de los acuerdos es importante. Es indiscutible la disminución de la intensidad del conflicto. Un éxito enorme del Estado. Y el trabajo de instituciones como la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, a pesar de los fuertes ataques que sufren, hace ver con esperanza la solidez de estos pilares para una tarea de largo aliento.

Hay que seguir pensando hacia adelante. Desafortunadamente, en la nueva carrera presidencial casi no se habla del tema de la paz. Los candidatos son cautos; no quieren regresar a las condiciones de los debates de 2018. Poco es el retorno político del tema ante la falta de entusiasmo nacional y ante la posibilidad de que los rotulen como la ficha de algún expresidente. No obstante, es políticamente importante que aspectos claves de los acuerdos salgan de la sombra, no por razones ideológicas, como ocurrió antes, sino por razones prácticas: para aprovechar, por ejemplo, los mecanismos de desarrollo regional (reforma rural integral, programas de desarrollo con enfoque territorial y focalización para luchar contra la pobreza y los cultivos ilícitos) y para evitar así retrocesos serios en los factores del conflicto. Ojalá los acuerdos puedan ganar legitimidad en los próximos años y que su resistencia en tiempos difíciles siga valiendo la pena.