Propuestas tributarias

El déficit fiscal y la deuda del Gobierno ascienden a 9 % y 61 % del PIB, respectivamente, mientras la crisis sigue dejando expuestos varios frentes en los que el gasto público es esencial: atender asuntos de emergencia coyuntural (empleos perdidos), sanar fallas estructurales (en salud, educación, competitividad empresarial), y crear nuevas capacidades para manejar la emergencia de mediano y largo plazo, que el país vivirá sin duda por los efectos persistentes de la crisis.

Poner en marcha programas de empleo de emergencia, por un lado, y hacer grandes inversiones público-privadas para el desarrollo productivo de largo plazo (infraestructura y capacidades administrativas) cuesta, y cuesta mucho. Aumentar los ingresos tributarios es inevitable.

Y en contravía de la intuición de quienes abogan siempre por un Estado más pequeño (olvidando convenientemente los beneficios públicos a los que acceden), vale la pena recordar que los ingresos tributarios del gobierno general colombiano representan menos del 20% del PIB. De 37 países miembros de la OCDE, Colombia ocupa el segundo puesto por sus bajos ingresos por impuestos.

El plan de ingresos para el Gobierno, sin embargo, no puede estar basado en la receta simple de elevar el IVA o su base gravable sin explorar seriamente otras posibilidades, consistentes con principios de la estructura tributaria que se suman a que la plata alcance: eficiencia (para incentivar la generación de empleo, facilitar el recaudo, y evitar la evasión y la elusión) y progresividad (para contribuir a los instrumentos de acción en contra de la desigualdad).

Recomiendo las siguientes propuestas concretas para balancear mejor esos criterios en medio de las necesidades fiscales: 1) Crear un impuesto de crisis (solidario), pagado por los colombianos cuyo patrimonio aumentó en el año 2020; 2) eliminar exenciones tributarias ineficientes (creadas en reformas pasadas); 3) hacer devoluciones tributarias a las empresas, en periodos de 1, 3, 5 y hasta 10 años, condicionadas solamente a resultados económicos socialmente deseables (creación de empleo); 4) incentivar el reporte de activos en las bases de datos tributarias, con fuertes castigos económicos para quienes no los reporten (una vez se detecte), y con bloqueos comerciales a los activos no reportados (cruzando bases de datos); 5) castigos económicos, incluso confiscatorios, a los activos que fueron parte de prácticas de evasión y elusión; 6) fortalecer los acuerdos internacionales para rastrear activos fuera del país, y 7) modernizar la gestión administrativa de la Dian, para optimizar el manejo de información y recaudo, y para evitar actos de corrupción interna.

Luego de esto pasamos a revisar si es estrictamente necesario aumentar (de nuevo) los impuestos de los asalariados y la clase media, a quienes parece que se les han incumplido algunas promesas de campaña.

Ph.D. en Economía, University of Massachusetts-Amherst. Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/)