Desde los primeros cambios de gabinete, llevamos un año en el país hablando de la necesidad de reconstruir un acuerdo nacional para avanzar en la reactivación de la economía. Pasa el tiempo y no vamos en esa dirección.
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Discutí en este espacio que el riesgo de deterioro del mercado laboral era muy alto. Esto llevó a llamados de una ejecución más eficiente de la inversión pública, concurrencia en proyectos de recursos públicos y privados, reducciones más agresivas de la tasa de interés de intervención del Banco de la República e incluso esquemas similares a los de los programas de empleos de emergencia. Más que necesario, en todo, el ambiente de confianza para el sector privado y sus inversiones. Hoy las cifras del mercado laboral muestran ya un repunte de la tasa de desempleo.
La reconstrucción de aquel acuerdo nacional, infortunadamente, se ha hecho más difícil —ojalá sin llegar a un punto de no retorno—. Estamos frente a un contexto agobiante. La beligerancia del Gobierno y de ciertos grupos de la oposición ha intensificado la polarización, que es precisamente el peor escenario, el más inconsistente frente a uno de posibilidades para negociar y alcanzar acuerdos. Los actos de corrupción están golpeando de nuevo la legitimidad de las instituciones democráticas y, además, las paralizan. A la vez, parece estar en el interés de muchos líderes, de corrientes diversas, acelerar la contienda presidencial. Las tareas de Estado no pueden responder a ciclos políticos tan cortos.
Hay que impedir que esa polarización política resquebraje el orden económico. Como ejemplo reciente de camino correcto, bien que se haya aprobado en el Congreso de la República el Acuerdo de inversiones entre Colombia y Venezuela, liderado por el ministro Umaña, contando con el respaldo de la Asociación nacional de empresarios de Colombia (ANDI) y de diferentes fuerzas políticas. Un avance eventualmente positivo para el sector manufacturero que atraviesa un mal momento.
No puede ser, por otro lado, que se lleve a fundamentalismos el debate sobre el cupo de endeudamiento, acusando al Gobierno de buscar sobreendeudar a la Nación y luego escuchar respuestas confusas del Gobierno sobre suspensiones de pago de la deuda. El Congreso de la República aprueba cada año el Presupuesto General de la Nación y esas aprobaciones implican una gestión del financiamiento por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para esa gestión, como les pasó a otros gobiernos, es necesario que el cupo se incremente en la actual legislatura. Insisto, no hay nada diferente en lo sustancial a lo ya aprobado por el Congreso de la República, incluyendo el cumplimiento de la regla fiscal.
Que el espacio de discusión de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público resulte en conceptos para un manejo apropiado del financiamiento, bien. Inaceptable que se intente convertir en un escenario de chantajes, poniendo en riesgo las finanzas públicas de la Nación. No he escuchado a ningún economista serio pidiendo que no se apruebe esta ley.
El llamado a los acuerdos tiene que continuar. Los fundamentales de interés nacional, como la economía, deben estar en permanente debate, pero lejos, muy lejos, del alcance de las tácticas destructivas que surgen con la polarización y el desprestigio de las instituciones democráticas.
* Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.
