Quienes piensan que una reducción del tamaño del Gobierno es la solución a varios males no saben quizás que el gasto del Gobierno general en Colombia es 28,5% del PIB, nivel que está por debajo de la mediana mundial y de la mediana del grupo de países de ingresos medios al que pertenece Colombia (31%).
No estamos frente al caso de Dinamarca (52%) o Francia (56%). El tamaño de sus gobiernos es el doble al nuestro. Allá es más razonable un debate sobre si es hora de reducir algo el tamaño del Gobierno, porque quizás ahora los costos de ese tamaño adicional exceden sus beneficios. Además, por ejemplo, si en Dinamarca se redujera un poco el presupuesto para la salud pública, la mayoría de los daneses podría seguir pagando unos servicios dignos de salud, así tengan que sacrificar algo de su presupuesto para viajar en el verano.
No es el caso en Colombia, con grandes retos de desarrollo que deben ser abordados con practicidad. Sin importar si nuestros políticos se declaran de izquierda, centro, derecha o tibios, se está haciendo más evidente la necesidad de disminuir más rápidamente la pobreza, y de hacer algo con la desigualdad, con la que casi nada se ha hecho al menos en los últimos 25 años. Para actuar con esa agenda social se necesita un mayor presupuesto público, en particular para dos temas claves: salud y educación.
No importa tampoco si uno es rojo, azul, amarillo o verde para reconocer que mejor salud y mejor educación, para quienes tienen acceso limitado a estos servicios, mejorarían directamente el bienestar de los colombianos, incrementarían la productividad laboral del país, aumentarían las oportunidades de movilidad social –con efectos positivos en varias generaciones–, ayudarían a reducir la desigualdad y le darían legitimidad a la democracia.
En algunos casos el Gobierno es un proveedor directo de estos servicios, en otros no. Pero de todos modos el gasto público es clave. Se necesitan más recursos públicos, por ejemplo, para tener más puestos de salud y escuelas en zonas de alta pobreza en la costa Atlántica y Nariño o para garantizar que los estudiantes de las localidades más pobres de Bogotá tengan profesores cada vez mejor capacitados.
Esto no puede pagarse con los recursos privados de los pobres, como reza la lógica de distraídos defensores del libre mercado, y dudo que el modelo de las concesiones y los peajes de las carreteras funcione para que los usuarios pobres de esas escuelas paguen por su educación. ¿O créditos para que los habitantes de las zonas afectadas por la pobreza, los cultivos ilícitos y la violencia estudien primaria y secundaria? Tampoco lo creo. O se amplían las capacidades del Estado o se reduce el presupuesto de otros sectores –¿seguridad?–.
Nadie va a negar que el sector público se ha visto afectado profundamente por la corrupción y la ineficiencia en varias esferas, tampoco que eso nos molesta y que esa situación debe combatirse. No obstante, pasar de ese malestar a validar plataformas políticas que buscan la reducción del tamaño del Gobierno es menos sencillo de lo que parece, en especial si se deja de lado el fundamentalismo y se reconoce que el gasto público es necesario para luchar contra la pobreza y la desigualdad.
* Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/).
