Siempre hay brechas entre los anuncios de las reformas tributarias del Gobierno, el texto presentado al Congreso y el finalmente aprobado. Esta vez, sin embargo, dudo que la mutación sea sorprendente. Veremos hoy cómo va. Con el lanzamiento de la semana pasada lo monstruoso parece haber mostrado ya su cara: (i) de reforma tributaria tiene poco (sin ajustes estructurales en progresividad, suficiencia y eficiencia), (ii) populismo con subsidios dispersos –para decir que a todos les tocó algo (pobres, jóvenes, estudiantes, empresarios), así sea insuficiente– y (iii) sin capacidad de convencer en la lucha contra la evasión tributaria o en los esfuerzos de austeridad.
Parece que no se atreverán a cerrar el hoyo que generan los incentivos tributarios ineficientes (por ejemplo, los de la famosa economía naranja) y a rediseñarlos para que se orienten exclusivamente a la creación de empleo. Genera expectativa positiva una sobretasa al sistema financiero, pero hay que estar muy atentos al diseño de ese impuesto; ojalá no termine trasladándose a los usuarios, convirtiéndose en un paquete forrado de justicia social con contenido de clase media pagando más impuestos. No suspenderán el descuento del impuesto del ICA de 50% en el impuesto de renta, y dicen que subirán el impuesto de renta para las empresas a 35%, pero no olvidemos que fue este Gobierno el que lo bajó a 31%. Y sin control de la evasión y la elusión, las tasas efectivas seguirán siendo mucho más bajas.
El Gobierno busca pasar de la reforma Carrasquilla, pesada e impopular, que tenía como objetivo salvar el concepto de las calificadoras, a una reforma simple y con respaldo en el Congreso. De ser como se anunció, no será simple sino simplona. Y más respaldo seguramente tendrá, pero no por las razones correctas. Es año preelectoral y suenan bien los subsidios sin cambios profundos que harían pagar más a las personas de más ingreso y riqueza. No es posible con este camino elegido por el Gobierno que el Estado cuente con las capacidades para una reactivación económica con empleo digno y estable. Los ingresos tributarios del país, como porcentaje del PIB, apenas llegan a 19%, por debajo del promedio de los países de la OCDE (34%), incluso sin alcanzar el promedio latinoamericano (23%).
Ya perdido el caso con las calificadoras (Standard & Poor´s y Fitch), el gobierno Duque intenta descremar su política fiscal: quedarse con los beneficios políticos de anunciar más gasto y trasladar el problema de la deuda al siguiente gobierno.
Ante estas circunstancias las razones para oponerse a las reformas tributarias de este Gobierno se mantienen. La ciudadanía no debería ceder al chantaje de que las ayudas se acabarán si no se respalda esta mutación de la reforma. El Gobierno es el responsable de reestructurar su presupuesto y liderar consensos para continuar con los programas de atención en medio de la crisis y avanzar a la vez en un mejor diseño de la política tributaria.
Ph.D. en Economía, University of Massachusetts-Amherst. Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/).
