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La crisis del sector de la salud está dejando en evidencia una combinación de fallas estructurales, malas herencias y errores graves en la política actual del Gobierno.
Subyace principalmente una crisis financiera que, de acuerdo con cálculos del sector privado, consiste en un faltante de recursos acumulados —en el último quinquenio (pandemia y pospandemia)— que estaría entre 15 y 20 billones de pesos. Se suma así un deterioro patrimonial de las EPS, los hospitales y las clínicas que, por supuesto, se traduce en un deterioro de las capacidades operativas para la prestación de los servicios de salud.
El gasto privado y de bolsillo de los colombianos ha aumentado. Además, aquellos con menores ingresos y los más pobres, sin recursos para tener medicina prepagada, medicinas por fuera del Plan de Beneficios en Salud, pólizas o planes complementarios, terminan pagando los costos de la crisis con una mayor exclusión y con una mala calidad del servicio, a pesar de la destacable vocación y esfuerzos del personal de la salud.
Aunque la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la insuficiencia de la Unidad de Pagos por Capitación (UPC), que define los recursos transferidos por el Gobierno para la prestación de los servicios, predomina la ausencia de entendimientos. No hay claridad sobre las cifras y el Gobierno se ha parado en la raya de que los recursos son suficientes, afirmando que los problemas son, en cambio, consecuencia de la mala administración privada de los recursos públicos. Aunque sin lugar a dudas la corrupción y los malos manejos son parte del diagnóstico, el Gobierno ha intervenido EPS en línea con su posición frente a lo privado, pero las intervenciones han sido negativas y han generado mayores déficits.
La corrección del rumbo tiene como condición política necesaria un acuerdo público-privado sin radicalismos ideológicos. Y tendrá que darse en el marco de un nuevo liderazgo de Gobierno que propicie el diálogo — hoy inexistente— de todos los actores (Ministerios de Hacienda y Salud y EPS, por ejemplo). El descuido de hoy está configurando un problema cada vez mayor y más costoso de resolver.
Veo que la Academia Colombiana de Medicina, en cabeza del distinguido doctor Gabriel Carrasquilla, está más que lista para facilitar esos diálogos. Puede, además, liderar una comisión especial, técnica y neutral, con los siguientes tres primeros objetivos: 1) sincerar las cuentas; 2) definir un plan de ajuste financiero, gradual y en el que “todos ponen”, teniendo en cuenta la crisis fiscal que recibirá como gran tarea el nuevo Gobierno; y 3) construir una propuesta para frenar y revertir las ineficiencias del sistema, con buena gestión administrativa, auditorías, transparencia e implementación de nuevas tecnologías, convirtiendo la crisis en una oportunidad para sanar el sector y que funcione bien hacia adelante.
Dadas las restricciones presupuestales de un país de ingresos medios, ni teníamos el mejor sistema de salud antes del gobierno Petro, ni el peor. Es cierto, por ejemplo, que la “cobertura universal” es mucho menos efectiva en calidad en las pequeñas poblaciones y zonas rurales. Asimismo, una mejor medicina preventiva es necesaria. Sin embargo, es clave tener presente que en la buena coordinación público-privada está la fuente de las soluciones, no en el desmantelamiento de lo construido.
* Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.
