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Anoté hace tiempo la contradicción de que el sistema pensional de Colombia no pensiona.
El problema fundamental no está en la ausencia de un sistema de pilares, en el umbral que separaría la administración pública de la privada o en la forma en que los fondos de pensiones cobran sus comisiones, aunque todo esto ciertamente debe ser revisado. El verdadero desafío está en que los cotizantes del sistema pensional difícilmente llegan a representar el 50 % de la fuerza de trabajo, por cuenta del desempleo y porque cuando hay empleo hay informalidad. La inestabilidad laboral, además, les impide a millones de los cotizantes cumplir con los requisitos para una pensión. Al final, solo 1 de 4 colombianos en edad de jubilación cuenta con una pensión.
Sin una estrategia de desarrollo productivo basada en una nueva industrialización con generación de empleo formal, estabilidad laboral y una base más amplia de contribución —con más ciudadanos aportando al sistema de seguridad social—, las reformas sociales siempre gravitarán alrededor de los problemas de fondo sin atenderlos del todo; la seguridad social será más asistencialista, y la presión fiscal sobre el Presupuesto General de la Nación será mayor. Por eso preocupa con razón la sostenibilidad fiscal del gasto social. No sobra agregar que lo ideal sería que se avanzara en una visión integral de las reformas sociales (pensional, salud y laboral) en lugar de los trámites parciales en el Congreso de la República. Ya sé, una ilusión.
De todos modos, de las reformas sociales del Gobierno, la pensional tiene que ser apoyada y tiene posibilidades de éxito. Debió ser la siguiente en la secuencia de reformas impulsadas ante el legislativo luego de la reforma tributaria. Así lo hizo saber en su momento el exministro Ocampo. Lamentablemente hoy para el Gobierno, en términos políticos, la ponencia alternativa va ganando liderazgo.
Sobre lo fundamental, de varios puntos destaco que: 1. La reforma tiene viabilidad fiscal; 2. El pilar solidario propuesto por el Gobierno elimina la pobreza extrema de los adultos mayores (no es una exageración), gracias a un ingreso básico de jubilación de aproximadamente 223 mil pesos mensuales para la población más pobre; 3. Se otorgan beneficios y posibilidades de un ingreso cuasipensional para cotizantes que no alcanzan a cumplir con los requisitos de semanas; 4. Elimina las ineficiencias de la competencia del sector público y privado, permitiendo que el primero administre el componente de prima media y el segundo un componente complementario de ahorro individual; 5. Reduce el tamaño de las pensiones más altas; y 6. Crea un fondo de ahorro, reconociendo, como dije en alguna ocasión, que cada peso que llega al componente de prima media viene de la mano con un compromiso de pagar una pensión en el futuro. Este compromiso debe estar blindado y el ahorro solo debe ser gastado en pensiones.
Si hubiese la oportunidad de incluir un solo artículo más, se la daría a un impuesto de renta pagado por las pensiones más altas: una contribución para financiar el pilar solidario. Esta medida de hecho simplificaría las discusiones sobre las desigualdades de diferentes regímenes y ciertamente sería justa para financiar con progresividad el gasto social dirigido a los más pobres.
*Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.