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El año terminó con la advertencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) de que el Gobierno tendría que profundizar el recorte de gasto para cumplir la regla fiscal en 2024. Pendientes ahora del pronunciamiento de cierre. El Ministerio de Hacienda se adelantó a decir que sí cumplió, que hay algunas discusiones técnicas sobre la mesa y que, en todo caso, el pronunciamiento del CARF no es vinculante. La tensión es fácil de intuir.
Está bien que se sigan adelantando los debates técnicos sobre los supuestos de la regla como restricción fiscal. No obstante, es inconveniente estar en este modo photo finish de si se cumplió o no, en particular ante la perspectiva de un contexto internacional que trae en 2025 riesgos de más altos costos de endeudamiento. Hay dudas en Estados Unidos sobre la posibilidad de un escenario de menores tasas de interés de cara a los efectos inflacionarios de la política arancelaria y los estímulos tributarios de Trump.
No puede olvidarse la exposición de la deuda colombiana originada en el salto del endeudamiento durante la administración pasada y la consecuente pérdida del grado de inversión en 2021. La regla, de hecho, fue suspendida en el marco de excepciones decretadas durante el gobierno Duque.
En 2023, con la regla efectiva, el gobierno Petro cumplió y el CARF lo avaló. Teniendo claro que no hay reforma tributaria ganadora de concurso de aplausos, la de 2022 ayudó para atender los compromisos fiscales, entre ellos los del nuevo Plan de Desarrollo y también los heredados —tanto programas sociales como deudas—; se pagó el alto saldo de los subsidios a los combustibles de 2022. La carga de la reforma estuvo concentrada en las personas con mayores ingresos y patrimonio y en el sector de hidrocarburos, sin aumentar los impuestos de todo el sector empresarial o de las clases media y vulnerable.
El respaldo internacional a esa estrategia fiscal permitió que el país sorteara momentos recios (octubre de 2022) y que el riesgo país tuviera una tendencia decreciente durante todo el 2023. Como ya dije, 2024 en el límite. Preocupa el 2025. La no aprobación del Presupuesto General de la Nación por parte del Congreso y la incertidumbre fiscal se han visto reflejados, por ejemplo, en mayores tasas de los títulos de tesorería (TES) a 10 años en los últimos dos meses.
Hay que reconocer como positivos algunos anuncios de austeridad. Los recortes de gasto en el presupuesto decretado de $523 billones deben materializarse rápidamente y ser significativos para enviar las señales correctas. No tiene sentido insistir en el manejo de 2024: limitando poco a poco los gastos de las entidades. En 2025, esa modalidad tiene riesgos adicionales con el contexto de los mercados internacionales que ya mencioné.
Por último, la designación de los nuevos codirectores del Banco de la República hace más probable tener menores tasas de interés en Colombia. En combinación con lo internacional, se avecinan así vientos de depreciación cambiaria que pueden presionar al servicio de la deuda y la inflación. La prudencia fiscal es fundamental entonces, y es la que condiciona el espacio para disminuciones más rápidas de la tasa de interés con el propósito de reactivar más la economía.
* Ex viceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.
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