No disparar

Ha actuado con sensatez el ministro de defensa ante los recientes hechos del Caguán.

No era posible, sin causar una mortandad, controlar por la fuerza -a tiros y culatazos y granadas-, a miles de indígenas que protestaban. Eso no se puede hacer. Y se ha hecho muchas veces en Colombia. Así masacraron a centenares de campesinos que protestaban en 1928 contra la United Fruit Company en la zona bananera. Me viene a la mente ese caso de violencia brutal desatada por el gobierno de Abadía Méndez. Pero antes de eso, el Estado lo hizo. Y después de eso, también.

Son muchos los casos de protestas reprimidas violetamente por el ejército y la policía. Hay decenas de muchachos que perdieron un ojo –eso es para toda la vida–, debido a la agresión policial en las recientes protestas sociales. Esto para nombrar un caso más, pero son muchos a lo largo de nuestra luctuosa historia política.

Pero esta vez, ¡el Estado no lo hizo!

Y eso representa un cambio trascendental. El gobierno de Petro no dio esa orden, se contuvo, se abstuvo. Y eso representa un cambio importantísimo.

Actuando con sensatez, con sentido de las proporciones, con talante humanitario y sentido moral –la protección de lo más valioso, la vida–, el ministro de defensa no mandó al ejército a atacar a los campesinos. A dispersarlos o matarlos a tiros. No lo hizo.

Los campesinos actuaron con violencia, quemaron equipos de la Emerald Energy y hay quienes afirman que exigían a la petrolera pagos bajo presión. Eso no puede ser. En caso de ser cierto, hay que hacer las averiguaciones y proceder judicialmente, no cabe duda. Los indígenas, por muy furiosos que estén, por muy justas que sean sus demandas, no se pueden pasar la ley por la galleta.

Además, retuvieron a 79 agentes de la policía y según dicen los medios de comunicación, los humillaron y los quebrantaron y maltrataron durante treinta horas. Eso no puede ser. Es claro que no se trató de un secuestro extorsivo ni nada de esa naturaleza, pero los retuvieron. Por fortuna el Gobierno no mandó al ejército a sacarlos a la fuerza. Hubiera sido una tragedia terrible. Aun así, se perdieron dos vidas. Hay por lo menos dos familias más en este país, en este minuto, oscurecidas por el dolor y la violencia.

Pero en lugar de mandar al ejército, el ministro de defensa propició el diálogo y la búsqueda de entendimientos y acuerdos. Y los indígenas liberaron a los agentes y se evitaron decenas de muertes.

La Emerald Energy y los empresarios del sector de los hidrocarburos –locales y extranjeros–, tienen derecho a trabajar en paz y a que el Gobierno les garantice esa paz. No cabe duda. Y los campesinos tienen derecho a proteger su territorio y sus aspiraciones económicas y sociales. Entonces, hay que seguir, sin desfallecer, buscando conciliar ambas cosas. Eso es la política y eso es gobernar.

No mandar al ejército a lo bestia. Como gustaba de hacerlo un exministro reciente. Aun cuando hubiera niños involucrados.