Si fracasaron los diálogos de paz…

Las actuales bandas criminales no tienen otro propósito que enriquecerse con las economías ilegales: narcotráfico, minería ilegal, secuestro, extorsión y todo lo que puedan derivar de aterrorizar y asesinar a la población civil. Además, como buenos asesinos y gángsters que son, se enfrentan entre ellos a muerte, a ver quién se queda con la tajada más grande de los negocios criminales, y esto trae inmenso peligro y sufrimiento a las comunidades, sobre todo rurales.

No es que las FARC no tuvieran rentas criminales, claro que las tenían hacía años, pero algo del espíritu político insurgente subsistía en ellas y eso hizo posible la firma de los tratados con el Estado y la desmovilización de más de 13.000 combatientes. El Gobierno de Santos logró algo en el terreno jurídico y político de inédito valor histórico para Colombia: establecer la conexión entre el narcotráfico y el delito de rebelión. Eso salvó al proceso porque fue posible crear sistemas de justicia transicional, ya que de otra forma los jefes guerrilleros no hubieran tenido otro destino que ir a la cárcel. Y eso hubiera hecho imposibles los acuerdos.

El presidente Santos tuvo esa genialidad, esa osadía, ese coraje, e hizo prevalecer esa tesis de la conexidad de los dos delitos. La visión de un gran estadista. Yo entiendo que a cambio de la paz que se firmó, hubo que conceder un quantum de impunidad, lo acepto, pero creo que de haber hecho las cosas bien, es decir, de haber implementado cabalmente los acuerdos, Colombia estaría en paz en la actualidad. Nada menos. Valía la pena ceder en impunidad y ganar en posibilidades de paz y convivencia.

Ahora, nada de eso es posible porque los grupos criminales se han fortalecido tanto con la ausencia del Estado en la casi la mitad de territorio nacional, que no solo no se puede negociar con ellos una desmovilización -pues ya no les interesa para nada-, sino que es imposible derrotarlos militarmente. Las fuerzas de defensa del Estado ya no les dan un brinco a los criminales organizados y sus aparatos de guerra.

Entonces, ¿qué hacer?

Ir a lo local, corregimiento por corregimiento, vereda por vereda, municipio por municipio, y darle a los gobernantes locales el poder político y jurídico de negociar con los criminales en el territorio. Eso sería mucho mejor que los pomposos procesos de paz internacionales, en los que los asesinos posan de estadistas. A cambio de lograr la seguridad de sus comunidades, los gobiernos locales tal vez logren establecer una nueva relación de fuerzas entre impunidad y pacificación territorial. “Usted puede seguir fabricando cocaína, a cambio de que no me reclute a mis niños, no me extorsione a mis comerciantes, no me asesine a mis líderes sociales”.

Algo así. Mientras se despenalizan las drogas o el Estado logra llegar a los territorios. Una despenalización local, en voz baja. ¿O estoy diciendo una burrada? Los procesos de paz locales, ¿no son una posibilidad?