Después de las declaraciones ante la JEP de Benito Osorio, exdirector del Fondo Ganadero de Córdoba, relativas al despojo de tierras a los campesinos de ese departamento y a la relación de los paramilitares con el presidente de Fedegán y los ganaderos, vuelve uno a pensar en el carácter y el propósito de ese mecanismo de justicia transicional que nació del Acuerdo de Paz.
Como yo lo entiendo, es un mecanismo para conocer la verdad, reparar a las víctimas y avanzar en busca de la reconciliación. Es una herramienta que, temporalmente, sustituye a la justicia ordinaria. A cambio de conocer la verdad, de saber cómo sucedieron los hechos que dibujan el mapa de nuestra violencia de más de medio siglo, las penas pueden ser menos severas. Se hace esa concesión a cambio de una verdad necesaria, valiosísima, que tiene la naturaleza de sanar, de traer, si no perdón en todas las ocasiones, por lo menos un poco de consuelo y de sosiego. Y de paz, a la postre, que es lo que se busca por encima de todo.
Me parece un mecanismo bien concebido, bien pensado para Colombia. Me parece “EL” mecanismo, en lugar de seguir moliéndonos a tiros y a bombazos otros 50 años.
Pero debe estar al alcance de todos los que fueron actores de esa violencia. De todos. Guerrilleros, militares, policías, empresarios, políticos, hacendados, dirigentes. Todos tienen el derecho —y el deber— de someterse a la JEP, de contar la verdad y de recibir a cambio una condena más liviana, una salida jurídica menos ominosa.
Es un proceso largo, difícil, abrumador, imperfecto, pero es lo que tenemos como sociedad. Los mandos de las antiguas Farc firmaron un Acuerdo de Paz con el Estado colombiano, desmovilizaron a más de 13.000 combatientes, se constituyeron en partido político y se sometieron a la JEP. Es cierto que en sus testimonios avanzan muy lentamente, que estos son sinuosos, que son incompletos a veces, que son en ocasiones poco claros e incluso poco verosímiles, y es cierto que en materia de reparación han hecho muy poco y no han sido abiertos y resueltos, pero siguen yendo a la JEP, siguen sometidos a la justicia transicional, siguen presentándose cuando son emplazados.
Otro tanto puede decirse de los militares y otros actores que han escogido el camino de la justicia transicional. El proceso no es perfecto, pero es la mejor oportunidad que tenemos, en este momento, de ir cerrando los ciclos y los capítulos de tanta violencia.
Por eso, volviendo al principio, el presidente de Fedegán tendría que ir a la JEP y contar su verdad, dar su versión de lo que pasó. No seguir jugando a que no pasó nada. Eso trae más rencor y más violencia, delante del sufrimiento de tantos campesinos. Los que perdieron sus parcelas y los que vieron morir a sus familiares asesinados.
Y extendamos esta invitación al expresidente Álvaro Uribe. Según entiendo, él tiene procesos jurídicos en su contra, relacionados con el paramilitarismo. Pues vaya a la JEP y formule sus explicaciones y su versión de la verdad.
Cuánto dolor nos ahorraría eso.
Después de las declaraciones ante la JEP de Benito Osorio, exdirector del Fondo Ganadero de Córdoba, relativas al despojo de tierras a los campesinos de ese departamento y a la relación de los paramilitares con el presidente de Fedegán y los ganaderos, vuelve uno a pensar en el carácter y el propósito de ese mecanismo de justicia transicional que nació del Acuerdo de Paz.
Como yo lo entiendo, es un mecanismo para conocer la verdad, reparar a las víctimas y avanzar en busca de la reconciliación. Es una herramienta que, temporalmente, sustituye a la justicia ordinaria. A cambio de conocer la verdad, de saber cómo sucedieron los hechos que dibujan el mapa de nuestra violencia de más de medio siglo, las penas pueden ser menos severas. Se hace esa concesión a cambio de una verdad necesaria, valiosísima, que tiene la naturaleza de sanar, de traer, si no perdón en todas las ocasiones, por lo menos un poco de consuelo y de sosiego. Y de paz, a la postre, que es lo que se busca por encima de todo.
Me parece un mecanismo bien concebido, bien pensado para Colombia. Me parece “EL” mecanismo, en lugar de seguir moliéndonos a tiros y a bombazos otros 50 años.
Pero debe estar al alcance de todos los que fueron actores de esa violencia. De todos. Guerrilleros, militares, policías, empresarios, políticos, hacendados, dirigentes. Todos tienen el derecho —y el deber— de someterse a la JEP, de contar la verdad y de recibir a cambio una condena más liviana, una salida jurídica menos ominosa.
Es un proceso largo, difícil, abrumador, imperfecto, pero es lo que tenemos como sociedad. Los mandos de las antiguas Farc firmaron un Acuerdo de Paz con el Estado colombiano, desmovilizaron a más de 13.000 combatientes, se constituyeron en partido político y se sometieron a la JEP. Es cierto que en sus testimonios avanzan muy lentamente, que estos son sinuosos, que son incompletos a veces, que son en ocasiones poco claros e incluso poco verosímiles, y es cierto que en materia de reparación han hecho muy poco y no han sido abiertos y resueltos, pero siguen yendo a la JEP, siguen sometidos a la justicia transicional, siguen presentándose cuando son emplazados.
Otro tanto puede decirse de los militares y otros actores que han escogido el camino de la justicia transicional. El proceso no es perfecto, pero es la mejor oportunidad que tenemos, en este momento, de ir cerrando los ciclos y los capítulos de tanta violencia.
Por eso, volviendo al principio, el presidente de Fedegán tendría que ir a la JEP y contar su verdad, dar su versión de lo que pasó. No seguir jugando a que no pasó nada. Eso trae más rencor y más violencia, delante del sufrimiento de tantos campesinos. Los que perdieron sus parcelas y los que vieron morir a sus familiares asesinados.
Y extendamos esta invitación al expresidente Álvaro Uribe. Según entiendo, él tiene procesos jurídicos en su contra, relacionados con el paramilitarismo. Pues vaya a la JEP y formule sus explicaciones y su versión de la verdad.
Cuánto dolor nos ahorraría eso.