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Transcurridos los primeros seis meses de esta administración, con sus altas y sus bajas, al Gobierno nacional le está llegando la hora de perfilar el revolcón que se le dará a la cadena turística, sector que se presenta como piedra angular dentro del plan de acción de las políticas públicas dirigido a promover el tránsito hacia una economía productiva y no extractivista. El programa presidencial, como es sabido, orienta una de sus principales estrategias alrededor de lo que denomina el “Pacto por un turismo en armonía con la vida”, pieza clave dentro de la economía de transición que ventila la Casa de Nariño.
La política oficial en la materia se plantea bajo los argumentos de la democratización de la economía y, de aplicarse, tendrá especial incidencia en los territorios y comunidades más afectados por la violencia armada, el confinamiento y la pobreza. Su objetivo está encaminado a impulsar un turismo no depredador, comprometido con el ambiente y basado en el respeto a la biodiversidad y a las culturas locales. Para cumplirlo, el Estado ofrece acompañamiento a los entes territoriales y a las formas asociativas comunitarias para que aprovechen las potencialidades existentes y, de esa manera, generen ingresos y empleos en las poblaciones locales, como fórmula para construir la paz con equidad social.
Los últimos presidentes han incluido el desarrollo de la industria turística dentro de sus propuestas programáticas, pero los cambios y ajustes para convertirla en puntal del desarrollo nacional han sido relativamente escasos. La actividad ha venido creciendo por inercia, a ritmo lento, concentrada en los destinos tradicionales, aquellos de playa, brisa y mar, ante la falta de espacios y propuestas con enfoque y rediseño acorde a las nuevas realidades, basadas en experiencias de naturaleza y cultura sostenibles.
Sin embargo, la decisión de impulsar esta industria, de manera tal que actúe como un verdadero motor de desarrollo equitativo y sustentable, es en el terreno un enorme desafío. Para validar la voluntad política se deberán enfrentar los variopintos factores que limitan su crecimiento e impiden el disfrute de hermosos territorios, extendidos a lo largo y ancho del país y cargados de valores turísticos.
La inseguridad, que golpea la economía y margina regiones, y la corrupción, que arrebata recursos que podrían ser útiles para potenciar el turismo, son ingredientes generadores de desconfianza y recicladores de violencia, sobre los cuales se requieren acciones firmes para su desactivación. Habrá que esperar que la seguridad, la carta más compleja sobre la mesa, produzca frutos a través de la ambiciosa estrategia de paz total, en particular en las zonas rurales, hacia donde irían dirigidos los principales esfuerzos del Gobierno en materia turística.
El conflicto armado, en todos sus niveles, desde guerrillas hasta grupos de delincuencia organizada, es el principal ingrediente de inestabilidad, con profundas repercusiones en buena parte del país, en el que la violencia ha dejado como resultado comunidades desintegradas y miserables. El logro definitivo de la paz es el camino más cercano para abrirle las puertas al turismo y transformarlo en un efectivo instrumento de desarrollo social, cultural y ambiental, que facilite la reducción de las desigualdades. Turismo y paz se encadenan en estrecha relación simbiótica.
Pero el Gobierno no solo deberá garantizar seguridad y revivir la confianza, extendiendo la presencia del Estado hasta los lugares más olvidados, sino que tendrá que pavimentarle el piso a la industria turística, para que esta pueda ser una efectiva aliada del desarrollo.
En ese sentido, se deberá fortalecer el área institucional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dándole herramientas para el cumplimiento de sus roles y funciones; invertir en infraestructura y vías, necesarias para ampliar la cobertura turística; extender la red aeroportuaria y la conectividad aérea, marítima y terrestre hacia las zonas deprimidas; llevar servicios públicos y, de paso, garantizarles a las comunidades créditos blandos, capacitación y asistencia técnica para incentivar diferentes modalidades de servicios y productos turísticos, a través de proyectos que las involucren y las responsabilicen en la gestión de su territorio.
Superar las barreras de la violencia y la corrupción y ponerle alas al turismo, el sector económico más impactado por estos flagelos, sería abrirle la llave a una potencial y valiosa fuente de ingresos y de oportunidades para el logro de la integración social. El país, el tercero más bello del mundo, según el portal británico Money.co.uk, esconde espectaculares apuestas turísticas, proyectadas en sus vívidos paisajes y abundantes recursos naturales, históricos y culturales, su sello característico en los portafolios turísticos internacionales.
Transcurridos los primeros seis meses de este gobierno, habrá que observar cómo se engranan las políticas interinstitucionales y se generan los mecanismos de articulación entre las diferentes entidades públicas y privadas para rediseñar la nueva estructura turística y definir el ritmo y el papel que jugará cada uno de los protagonistas.
La Vitrina de Anato, a instalarse hoy, con presencia de los más diversos actores del sector y posicionada como el evento más importante del país para la promoción de Colombia y el mundo, seguirá, por ahora, ofreciendo lo mismo de siempre, a la espera de darse el revolcón que ponga patas arriba la violencia y dispare el tren bala del turismo, la principal apuesta para el desarrollo nacional.
En campo ajeno: La venta del 82 % de las acciones de la empresa de servicios públicos Triple A a la Alcaldía de Barranquilla, a cargo de Jaime Pumarejo, de la casa Char, en noviembre de 2021, se realizó con inconsistencias y bajo presiones, en solo siete horas de discusión. La transacción, acogida por el entonces presidente Duque, se hizo por $565.000 millones, cuando su valor se tasaba en $2,4 billones. La delegada de Minjusticia, Luz Aranceta, se opuso al trámite por no documentarse la estimación del precio. La investigación que iniciaron el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, y presidente de la SAE, Daniel Rojas, les costó la suspensión temporal de sus cargos, por decisión de la procuradora, Margarita Cabello, diligente alfil de la casa Char.
