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La hotelería informal se ha convertido en un grave problema, creciente y complejo, que le genera severo golpe a las finanzas públicas y le acrecienta el boquete a este sector de la economía colombiana, que tanto protagonismo viene tomando en el país durante los últimos años, con la irrupción de prestigiosas cadenas internacionales y la apuesta de multimillonarias inversiones.
Las cifras que se mueven a su alrededor son preocupantes. Por lo menos un 40 por ciento de los establecimientos que prestan servicios de hospedaje se desplazan por los atajos de la informalidad. Superan a los negocios legales por un apreciable margen en la recepción de turistas, y al Estado le embolatan más de $300 mil millones al año, suma que promedia los alcances que representa la evasión en el pago de impuestos, servicios públicos comerciales, contribuciones parafiscales y nóminas laborales.
La parahotelería se camufla en apartamentos, casas o residencias, y se extiende por todas las regiones del país. Siendo apenas natural, se reproduce con fuerza entre los destinos turísticos de mayor concurrencia, como Bogotá, Cartagena, Santa Marta y el Eje Cafetero, y en los muchos balnearios y veraneaderos de provincia, regados por los municipios de Cundinamarca, Quindío y Antioquia, donde se ha vuelto una práctica común. La capital de la República, la principal ciudad turística colombiana, tiene ubicada en la orilla de la ilegalidad una oferta superior a las 12 mil habitaciones.
El jugoso bocado permanece puesto sobre la mesa pese a que el país cuenta con herramientas legales, como la ley 1558 de 2012 que faculta a los alcaldes locales para sancionar, cerrar y legalizar establecimientos que presten alojamiento sin contar con el Registro Nacional de Turismo. Sin embargo, la ausencia de acciones decididas por parte de las autoridades para enfrentar y prevenir el crecimiento de la informalidad, contribuye a ponerle alas al problema.
La modalidad crece silenciosa y no está exenta de generar peligros para los turistas. Compromisos que deben ser adquiridos por los hoteles organizados, como minimizar riesgos físicos, tener estándares de calidad en el servicio y garantizar la existencia de seguros por pérdidas o accidentes, no forman parte de la cultura de la parahotelería, un fenómeno internacional que se persigue en naciones de tradición turística como México y España, abrumados por los altos porcentajes de inmuebles ilegales.
Pero más que pensarse en medidas punitivas, podría trabajarse en la legalización de estos establecimientos a través de una propuesta articulada entre SuperIndustria, Dian, alcaldes, Policía y Cámaras de Comercio, que sensibilice a tanto prestador informal de servicios turísticos y –así- abrir las puertas para su acceso a la formalidad.
gsilvarivas@gmail.com
