La Colombia rural ocupa más del 90 % del territorio nacional, pero es allí, en esa muy extensa franja en la que reside todo el esplendor de nuestra biodiversidad, donde se registran los mayores indicadores de pobreza e indigencia. El olvido de las autoridades, dada la histórica indiferencia de gobiernos centralistas, incapaces de interpretar las necesidades urgentes de sus comunidades, le han marcado un azaroso destino.
Su situación de fragilidad social deriva del abandono al que ha estado sometida. Las excluyentes y sesgadas políticas de desarrollo; la concentración de la tierra, adaptada para el latifundio y la ganadería; la ausencia de infraestructura vial, de servicios públicos y comunicaciones; las remotas posibilidades de acceso a la educación y la inveterada violencia que la fracciona son, entre tantos otros males, ingredientes de un peligroso coctel molotov, a la espera de un detonante. Resumen el doloroso resultado de una cuantiosa deuda social contraída por el Estado.
Más de la mitad de los municipios colombianos, gran parte localizados en las periferias, carecen de las herramientas básicas para tejer un futuro esperanzador. Según informe de Dejusticia, de los 1.104 municipios que tiene el país, el 36 % se encuentra en condiciones difíciles, en estándares de baja o crítica capacidad institucional. El Gobierno no ejerce control efectivo sobre sus territorios y esa ausencia favorece la incursión criminal de los actores armados, con efectos devastadores sobre la biodiversidad, mediante la extracción minera y los cultivos ilícitos; y precipita el desplazamiento forzado de las víctimas.
Mirar hacia el campo, reivindicarlo y modernizarlo, antes de que su situación se vuelva insostenible, exige cerrar la brecha que existe con la ciudad, supliendo las precariedades que limitan el progreso de este vasto territorio colmado de oportunidades, en lo social, lo económico y lo humano. Se debe devolver la vida al campo, no solo con la restitución de las tierras despojadas y la recuperación de los suelos agrícolas para mejorar la producción, sino promoviendo el turismo como estrategia de desarrollo territorial. Dos alternativas estratégicas para rescatar de la pobreza a tantos millones de campesinos e indígenas, que cuentan con la naturaleza como el principal medio de subsistencia.
La recién terminada cumbre del Comité Ejecutivo de la OMT, celebrada en Punta Cana, República Dominicana, abordó entre sus temas de discusión, la importancia del turismo como eje de desarrollo rural, por sus positivas implicaciones en la promoción del trabajo decente, la igualdad de género, el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y la lucha contra la despoblación. Son varias las experiencias de países que lo han integrado exitosamente a sus políticas públicas, con efecto dinamizador de sus realidades económicas y sociales, a través de movilidad social, flujo de ingresos e inversión pública y privada.
Aunque en Colombia esta modalidad turística muestra tendencia al crecimiento en la última década, sobreponiéndose a sus múltiples problemas, no ha podido empaquetarse como la gran apuesta del sector, en el que tiene significativo potencial, gracias a una ruralidad de múltiples activos y recursos naturales, así como de apreciables ventajas comparativas para desplegar propuestas, más allá del agroturismo y ecoturismo. Se dispone de turismo de aventura, de salud, deportivo, científico, cultural y gastronómico, una diversificación de actividades turísticas sostenibles, fundamental para posicionar este invaluable atractivo como principal carta de presentación ante el mundo.
Consolidar tal propósito requiere dar solución a los obstáculos que dificultan el desarrollo orgánico del sector, enfrentando los problemas sociales y de infraestructura, y garantizando la pacificación del territorio. Solo una presencia estatal, que garantice seguridad, inversión social y oportunidades de estudio y de trabajo, frenará la acentuada emigración de jóvenes y adultos hacia las ciudades y permitirá reverdecer los emprendimientos agrícolas y turísticos.
Dar el salto hacia la industria turística permitirá reducir los índices de desigualdad socio-económica, en beneficio de las condiciones de vida de las comunidades campesinas, pero, también, de la promoción y conservación del patrimonio cultural y la protección del medio ambiente.
El turismo rural debe convertirse en un caballo de Troya que atraviese los muros de la pobreza y rescate de la infamia gran parte de ese 90 % del territorio nacional sometido al olvido ancestral del Estado. Si el Gobierno efectivamente pretende impulsar la locomotora turística, con tanta ventaja comparativa que allí se guarda, el primer paso a tomar será abrirle campo al campo.
En campo ajeno: El politólogo, consultor e investigador colombo-mexicano, Carlos Salazar Vargas, autor de decena de obras sobre políticas públicas, adelanta una exitosa gira por Centroamérica como conferencista invitado. Profesor visitante de universidades como Oxford, Cambridge, London School of Economics and Political Science, Royal Institute of Public Administration, Salazar es el promotor de un novedoso concepto sobre Politing, en el que plantea una audaz transformación del marketing político, tesis bastante útil para los candidatos que subirán la dura cuesta electoral que se aproxima, en medio de profunda polarización.
