15 Sep 2021 - 5:00 a. m.

Al ritmo de curramba

Dentro de la oleada de escándalos que recurrentemente se desata en el país, hay uno de alto vuelo en Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia, tan de moda por estas épocas, no solo por ser la sede de la selección, sino por las andanzas de su clase política, los poderosos tentáculos del Clan Char o los costosos descuidos de la renunciada ministra de las TIC, Karen Abudinen, vinculada a dicha casa familiar. Se trata de la concesión del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz. Este fue primera página hace pocos días por la imagen de un funcionario de Migración que prestaba servicio, con paraguas en mano, debido a una filtración de agua al interior del muelle internacional.

La fotografía causó indignación y vergüenza, pero además calentó el debate sobre el estado de la infraestructura aeroportuaria del terminal, objeto de un multimillonario contrato de remodelación que se viene ejecutando desde hace más seis años y sobre el que se tejen múltiples interrogantes. Concejales y diputados se han ido lanza en ristre contra la concesionaria, la ANI y el Ministerio de Transporte, los principales protagonistas de esta costosa obra, cuyo cumplimiento se mantiene en absoluta incertidumbre y, según sus críticos, lo hasta ahora ejecutado carece de los estándares de satisfacción que requiere la ciudad.

La percepción generalizada sobre el aeropuerto es negativa y la experiencia para los viajeros resulta poco grata ante las incomodidades y la visión panorámica de las instalaciones. El diputado Federico Ucrós lo define como una edificación vieja, pesimamente remodelada, con pisos de baja calidad y mal instalados y una infraestructura de aire acondicionado de bajo rendimiento. Su fachada la describe con esta frase: “fue como haberle puesto esmoquin a un pordiosero sin haberlo bañado”. El rechazo a la fachada es casi unánime entre funcionarios y pasajeros por el azulejo utilizado que lo asemeja, llanamente, a un inmenso “baño público”.

Las denuncias que llueven sobre el aeropuerto son abundantes. Ucrós asegura que la intervención del Cortissoz ha sido improvisada y lo deja lejos en la carrera de convertirse en un terminal aéreo competitivo. Y así parece. Solo cuenta con un ascensor para recoger maletas; los sanitarios resultan escasos; las especificaciones de los materiales son pobres; las áreas públicas estrechas, algunas con principios de humedad en las paredes y en un par de sectores se observan superficies en deterioro. Nadie se explica que, luego de tantos años con frentes de trabajo abiertos para agilizar la entrega de infraestructuras remodeladas, persistan obras mal ejecutadas o inconclusas.

Los cuestionamientos no han aflojado, menos aún, después de que tanto contratista como Gobierno señalaran, el mes pasado, que la ejecución total superaba el 93 %. Según el presidente Duque -quien lo estuvo recorriendo-, su administración recogió el proyecto con el 22 % de avance y ya se encuentra a tiro de as, a un 7 % de su terminación. Pero para concejales y diputados este porcentaje no puede ser cierto, y de serlo, podría configurarse una pérdida de la inversión, porque lo que se percibe, hasta ahora, es una obra superficial e inconclusa.

La concesión para administrar y explotar comercialmente el aeropuerto -hasta 2035- y, de paso, ampliarlo y modernizarlo, con plazo de entrega para junio del año pasado, se otorgó en marzo de 2015 al Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S, por un valor de $345.000 millones. El acto motivó una entusiasta ceremonia a la que asistieron el presidente Santos; su vicepresidente Vargas Lleras; la ministra de Transporte, la barranquillera Natalia Abello; la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, y el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, funcionario cuestionado y detenido temporalmente por el caso Odebrecht. Desde, entonces, luego de los vítores, salieron a relucir los primeros síntomas de lo que vendría, mientras, paso a paso, se doblaba a $610.000 millones el valor de ejecución del contrato.

La firma concesionaria había sido constituida un mes antes y uno de sus dos mayores accionistas, Equipo Universal S.A., de Edgardo Navarro Vives, se sometería a proceso de reestructuración -poco después- ante la Superintendencia de Sociedades por afrontar problemas financieros. Cuatro años más tarde, el socio principal, Valorcón S.A., de la familia Gerlein, afrontó un descalabro con el fallido contrato de Navelena -empresa salpicada por el escándalo de Odebrecht- y, también, se declaró en insolvencia, luego de que sus cuentas fueran embargadas por la Contraloría General.

Para atender la contratación de los proveedores, el Grupo Aeroportuario del Caribe creó, bajo su control accionario, la empresa Nuevo Aeropuerto de Barranquilla SAS, la cual, desde 2018, a la fecha, arrastra con un retraso acumulado en los pagos a sus proveedores, varios de ellos, hoy en día, asfixiados por problemas de cartera. Tras su larga cuota de incumplimientos, la empresa decidió asumir su liquidación en forma voluntaria, sin responder por obligaciones que superan los $20.000 millones.

Pese a la suma de problemas que le son atribuidos, el Grupo Aeroportuario convocó a un Tribunal de Arbitramento para reclamarle a la Nación la suma de $765.000 millones -$110.000 millones más que lo que, hasta ahora, le cuesta al Gobierno la inversión en el aeropuerto-, en compensación por las afectaciones derivadas del COVID-19. Para evitar el pleito, propone, en su defecto, la terminación del contrato de concesión. Cabe advertir que parte de las irregulares actuaciones del concesionario se denunciaron ante la Fiscalía, durante el controvertido período de Néstor Humberto Martínez, sin que la investigación arroje resultados.

Este fin de semana, la ANI respondió que no existe causal de terminación del contrato ni tampoco desequilibrio económico y recordó que las condiciones de incumplimiento en la ejecución de las inversiones y de obtención de financiación no son atribuibles al COVID-19, sino que son imputables al concesionario. La entidad amenazó con adoptar acciones conminatorias y fijó para el primer trimestre de 2022 la fecha máxima de entrega de las obras. Ante el ultimátum y bajo el rifirrafe crece la perplejidad sobre el futuro del contrato y sobre la calidad de los trabajos entregados y los que están por entregar.

Los recientes episodios vividos en el país evidencian que las prácticas de corrupción de la burocracia clientelista y de la clase política rapaz florecen a diario, al amparo de un esquema de contratación dirigido al beneficio de intereses particulares, con altos sobrecostos, en detrimento del patrimonio público. Barranquilla requiere de un aeropuerto moderno y confortable, pero, como van las cosas, al ritmo de curramba, su gravoso y dilatado proyecto de modernización vira fuera de pista por la acción contaminante de los “aviones” de la contratación.

En campo ajeno: De luto en luto ha estado el periodismo colombiano en el último semestre, con la dolorosa pérdida de cuatro grandes profesionales. Jaime Zamora Marín, Germán Castro Caycedo, Javier Ayala y Antonio Caballero fueron reconocidos maestros del oficio, profesionales valiosos honestos y valerosos, pero, particularmente, comprometidos con las tragedias y vicisitudes del país. Su ausencia nos llena de tristeza. Por fortuna, le dejaron un legado invaluable a esta sociedad.

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