En reciente estudio la Organización Mundial del Turismo (OMT) advertía sobre el serio problema global que representa la desigualdad social, que aumenta y se extiende alrededor del planeta, alimentando los círculos viciosos de la pobreza y ralentizando el crecimiento económico y social. Este creciente fenómeno, hoy en día, no solo se da en los países en desarrollo sino, también, en los ricos, y constituye el combustible para exacerbadas divisiones sociales, avivadas por el descontento y la frustración generacional.
Pero de la misma manera, la entidad ha destacado en múltiples informes la importancia del turismo como herramienta de inclusión social, con capacidad de integrar a los grupos menos favorecidos de la población y beneficiarlos a través de sus actividades. El argumento se soporta en la realidad de las estadísticas económicas y sociales de los gobiernos que hacen de esta industria una productiva fuente de ingresos, con los que han posibilitado apalancar buena parte de su desarrollo.
Resulta que el turismo, en efecto, impacta positivamente en las economías nacionales y locales, dada la capacidad que tiene para encadenar y jalonar diversos sectores económicos. Un dólar que ingresa por este concepto puede multiplicarse dos o tres veces, redistribuyéndose entre distintos proveedores de la cadena de valor. Aporte semejante se produce en materia laboral. Por cada nuevo trabajo turístico se promueven 1,9 empleos en sectores vinculantes, y las expectativas van más allá, como lo plantea el Banco Mundial cuando estima que, en los próximos años, esta relación podría ampliarse a cuatro de cada cinco empleos.
En cuanto se refiere al turismo colombiano, este avanza de la mano de la situación económica del país y de su imagen internacional. La recuperación, después del oscuro período de violencia que nos sacudió a finales del siglo pasado, se ha venido dando desde mediados de la década de 2000, en una forma gradual y constante. Todos sus indicadores, desde entonces, han venido en alza. Uno de ellos, el flujo de visitantes extranjeros, resalta un incremento, a lo largo de ese período, por encima del 300%. En la actualidad, el turismo alcanza una participación cercana al 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
El dinámico crecimiento de esta actividad ha despertado el interés de los últimos gobiernos, que han percibido sus posibilidades para ser potencializado como motor de desarrollo económico, pero en la práctica ha habido más retórica que acciones. La Ley del Turismo, de 1996, ya destacaba su importancia como industria esencial para el desarrollo del país, en especial para las entidades territoriales.
Es evidente, en consecuencia, el alcance que puede tener la estrategia gubernamental de volcar su función social hacia las regiones, en las que existe un enorme potencial, dada su biodiversa riqueza natural y su particular patrimonio cultural, como bienes únicos e irreproducibles, pero en su mayoría inexplotados. La pandemia precipitó el interés de los turistas hacia destinos exóticos y de naturaleza, y esta potencial oferta, con sus ventajas comparativas, es la que puede caracterizar al país, siempre y cuando se amplíe la mirada y se repiense el futuro de la industria.
Promover un turismo responsable y sostenible, fundamentado en la naturaleza, la cultura, la salud y modalidades afines, como reza la propuesta del Gobierno, es una opción viable, con suficiente capacidad de fortalecer la competitividad regional. El fomento de la actividad debería servir de herramienta para transformar esa enorme franja de Colombia, irónicamente la de mayor potencial turístico, sumida en el olvido, el abandono y la pobreza, para permitirle generar divisas, crear empleo y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Que sea la hora de priorizar a las comunidades locales, protegiendo sus derechos territoriales, sus raíces, costumbres y diversidad cultural, a fin de orientarlas hacia la materialización de proyectos ecoturísticos sostenibles y no depredadores, que les permitan integrarse y fortalecerse dentro del contexto de su propio desarrollo social y ambiental, de manera tal, que avancen en la reducción de sus desigualdades.
La afirmación de la institucionalidad, mediante la implementación de políticas públicas, subsanarían sus indicadores de necesidades básicas insatisfechas, en salud, educación, vivienda y saneamiento básico. En las regiones de potencial vocación turística, la “industria sin chimeneas” está llamada a convertirse en un aliado estratégico del Estado para emprender los cambios y contribuir al cierre de las profundas brechas socio económicas vigentes.
El camino no es nada fácil. Las dificultades sobre el terreno son considerables, ante la existencia de vastos territorios sin infraestructura ni vías terciarias, y en los que mantener su control y el de sus recursos, disputados por corruptos grupos de poder y bandas criminales, constituye todo un desafío para el Estado. Se requerirá de decidida voluntad política para eliminar las barreras que provocan el atraso de esa Colombia profunda, en la que el turismo, fuente de numerosos beneficios, podría ser el más efectivo antídoto contra la inequidad social.
En el sector. Du Brands, donde trabajó el hijo de Luigi Echeverri, asesor de Duque y actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol, fue la firma contratista del anterior Gobierno para la estrategia de comunicaciones. Durante el cuatrienio resultó beneficiada por diferentes entidades públicas y mixtas con millonarios contratos, sin licitación. Entre ellas, el Departamento Administrativo de la Presidencia, la Contraloría General, el Ministerio de Trabajo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Procuraduría, esta última a través de un convenio con la OEI, entidad internacional financiada por los países miembros, entre ellos Colombia. El Fondo Nacional del Turismo, Fontur, no se quedó atrás y le otorgó contratos marco por $35 mil millones durante los cuatro años. El presupuesto nacional convertido en la caja menor del amiguismo presidencial.
