Aprovecharse de su nobleza

No queda otra escapatoria para los habitantes de las pequeñas islas de Providencia y Santa Catalina que esperar hasta la Semana Santa del próximo año para normalizar actividades y dar reapertura a la actividad turística, de cumplirse la nueva fecha planteada por el Gobierno Nacional. En principio, se anunció que la reconstrucción se haría en cien días, a partir del 17 de noviembre de 2020, cuando fueron devastadas, tras el enfurecido azote del huracán Iota en su paso por el Caribe. Ahora, con motivo del primer aniversario del suceso, la meta se corrió para abril de 2022. El plazo inicial se multiplica por cinco y, en caso de no haber sorpresas, se extenderá hasta los quinientos días.

Como era de esperarse, la apuesta de cien días para la reconstrucción, fijada por el jefe del Estado en uno de sus discursos patrioteros, pronunciado al día siguiente del desastre y en el mismo lugar de los hechos, era irrealizable. Más bien resultaba un piadoso paliativo en medio de la consternación que reinaba en el entorno, frente a una población afligida y abrumada que se quedaba sin techo en la oscuridad de un territorio destruido en un 98% de su infraestructura. El proceso de reconstrucción era de suponerse lento, ante una tragedia semejante, no solo por su magnitud, sino por la ubicación geográfica de las islas, con el agravante de la pandemia que, para entonces, paralizaban al país y al mundo.

Ahora, el primer mandatario, se desentiende de su compromiso inicial, pese a las evidencias y a que su augurio fue reiterado por subalternos suyos, como el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, y la directora de Prosperidad Social y, a su vez, gerente para la reconstrucción, Susana Correa, quien un mes después se encargó de desinflar el globo presidencial, al afirmar que el denominado Plan 100, esbozado por Iván Duque, no arrancaría durante la segunda quincena de noviembre, sino que empezaría a partir del 1 de enero de 2020. El traslado del plazo, según la funcionaria, permitiría que para el 10 de abril de 2021 se tuvieran “construidas y reparadas alrededor de 1.266 viviendas con servicios públicos, energía, agua potable y telecomunicaciones”.

Hasta la fecha, siete meses después de este último anuncio, las autoridades han entregado solo 962 viviendas, que corresponden al 54% del total previsto, si se tiene en cuenta que el objetivo final es intervenir 1.787, de las cuales 910 son nuevas y 877 para reparación. El proceso ha sido lento y el panorama, en general, desolador, aún, con grandes obras sin arrancar, escombros sin recoger, y casi un centenar de familias viviendo entre carpas, bajo el sol y el agua, y con la urgencia de suplir necesidades básicas.

La promesa de una rápida reconstrucción para prenderles los motores a la reactivación económica se incumplió y aunque es evidente que hay avances en algunos frentes, como la recuperación de las costas, del ecosistema marino y de gran parte de la vegetación, también lo es que falta mucho por hacer y que la demora de los trabajos preocupa. El servicio de agua potable, todavía, se ofrece por medio de carrotanques, y la reparación de vías, así como la intervención de instituciones educativas y de escenarios deportivos, junto a los refugios previstos para la actual temporada de huracanes, tampoco ven la luz al final del túnel.

Recientemente, a la fecha, la Procuraduría General rindió un informe negativo sobre los avances y el estado de los proyectos en el proceso de reconstrucción y exigió celeridad, específicamente en puntos estratégicos. Entre ellos, la construcción de la estación de bomberos, que apenas registra un 45% de progreso; la reconstrucción del hospital, sin iniciarse, pese a contar con recursos por $50 mil millones; la de la estación de Policía, que suma un retraso del 22%, y la del Centro Administrativo Municipal, con avance del 15%. Enfatiza, además, en la reactivación comercial, dado los problemas estructurales con respecto del modelo de gestión y funcionamiento del muelle de Providencia y la demora en la intervención de infraestructura de las unidades productivas.

Del inventario de establecimientos con Registro Nacional de Turismo, que incluye 153 negocios de comercio, en los que se prestan servicios de alojamiento, restaurante, turismo, buceo y alquiler de vehículos, la situación tampoco es alentadora. Han sido entregados únicamente 43, en su mayoría posadas -lugares que los turistas comparten junto a una familia raizal-, cuyas afectaciones eran de bajo y mediano impacto. De los 110 restantes se espera, según las cuentas del Gobierno, tener 78 establecimientos funcionando para finales de este año.

La situación es inquietante para los habitantes de las paradisiacas islas, quienes, en su mayoría, tienen marcada dependencia de la actividad turística y que, entre promesas y lamentos, llevan un año a la deriva. Lejos están las últimas temporadas vacacionales, en las que cerca de 3.000 visitantes disfrutaban de este ecoturístico territorio, jalonando el empleo e impulsando la economía local. El comercio, el hospedaje y la gastronomía están asociados con el bienestar de la población raizal, a la que solo le queda esperar, con infinita paciencia, que finalice esta prolongada y extendida parálisis para recuperarse y recobrar sus condiciones de vida.

Los providencianos son ejemplo de la extraordinaria capacidad de aguante y sacrificio de tantos sectores de la población, excluidos de los beneficios del Estado. Solo esperan, esta vez, que tras largos meses de penurias y desesperanzas se cumpla la nueva fecha fijada por el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Duque, el protagonista de los compromisos fallidos, quien nos tiene acostumbrados –parodiando a la Chimoltrufia, peculiar personaje creado por el inolvidable Roberto Gómez Bolaños– a decir una cosa como dice la otra. E imperdonable sería que se aprovecharan de su nobleza, como lo lamentaría otra celebridad del comediante mexicano: el Chapulín Colorado.

En campo ajeno. Los principales monopolios no cesan en su afán desesperado por consolidar poder económico y político. La familia Gilinski, defensora a ultranza de una corriente partidista -a través de la revista Semana-, se alista para devorarse a Nutresa y a otras estratégicas compañías del GEA; mientras el empresario Alex Char, protector de la exministra Abudinen y miembro de un controvertido clan familiar cercano al registrador Vega, a la fugitiva exsenadora Merlano y al asesinado ganadero Ñeñe Hernández, le apuesta a la Presidencia de la República, con apoyo del cuestionado partido Cambio Radical. ¡Serio dilema para una débil democracia!

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