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El gobierno cerró la puerta a la pretensión de algunos grupos de poder económico, político y social, asociados con capital extranjero, de levantar construcciones hoteleras en los parques naturales.
La decisión, que no aplica a los parques ya concesionados -cuya continuidad se revisará al término de sus actuales contratos-, posibilita solo la instalación de hospedajes móviles o de estructura liviana, y dispone la zonificación y elaboración de planes de manejo para que los futuros proyectos hoteleros se levanten en sus zonas aledañas.
La medida le baja el tono a la fuerte polémica desatada en los últimos años a raíz de los reiterados intentos de multinacionales y grupos empresariales de la costa Atlántica por construir proyectos hoteleros elitistas en el Tayrona, la más importante área protegida del país, de tiempo atrás asaltada por intereses privados.
Las 56 zonas de reservas nacionales, que hoy en día ocupan el 11.2% del territorio colombiano, configuran un valioso componente de desarrollo, amenazado a diario tanto por los procesos de urbanización como por el robo de baldíos y los proyectos de extracción de recursos naturales. 23 de los parques tienen vocación turística pero pobre es el papel que juegan para la promoción de esta actividad en beneficio de la mayoría de la población. La ilegal privatización atenta contra su carácter de bienes públicos y los convierte en privilegiados feudos de negociantes y delincuentes.
Al declararse como epicentros de ecoturismo para la práctica de actividades de contemplación, deporte y cultura, y como soporte para la investigación, los parques garantizan su natural condición de estructuras sostenibles, orientadas hacia la pedagogía y el esparcimiento, y responden a su función clave de áreas ecosistémicas fundamentales para afrontar el cambio climático.
Las reservas naturales son un reto para la industria turística. Constituyen una propuesta renovada y audaz para llevar el turismo hacia sensibles territorios que han sido marginales en el desenvolvimiento de esta actividad. Sin embargo, la incorporación de amplias masas humanas para su disfrute genera riesgos y desafíos.
Tendrán las autoridades que fortalecer medidas de control; implementar una adecuada infraestructura que incluya el mejoramiento de senderos y miradores, y promover cambios de actitud en la comunidad hacia los espacios naturales para que se haga una utilización racional de los recursos y se evite el deterioro del medio ambiente.
La prestación de servicios turísticos responsables y amigables con la naturaleza habrá de impactar positivamente en el gobierno, los turistas y las economías locales.
gsilvarivas@gmail.com
