Catalizador de la paz

La actividad turística en Colombia permaneció restringida durante varias décadas por efectos del conflicto armado, en el que las Farc, el grupo guerrillero más antiguo e incisivo del país, mantuvo en permanente posición de jaque la institucionalidad del Estado, dado su notable crecimiento y control territorial. El cese del conflicto armado con esa agrupación ilegal permitió mejorar las condiciones de seguridad en algunas regiones, escenario crudo de combates, desplazamientos, tráfico de drogas y cultivos ilícitos y, de paso, estimuló y proyectó el crecimiento de este sector, ahora, convertido en pieza clave dentro de la estructura económica nacional.

La apertura del proceso de paz, aunque imperfecto, disminuyó la violencia directa y oxigenó a buena parte del país que se hallaba, literalmente, secuestrado, con territorios fracturados, alejados de la mirada oficial y caídos en el olvido y el abandono. De ahí la importancia del espaldarazo a la plena implementación del Acuerdo con dicha insurgencia, ofrecido durante su visita a Bogotá por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien se suma a los votos de confianza internacionales que exhortan a potenciar la construcción de la paz, de forma tal que se garantice la estabilidad social, mediante la generación de dosis de confianza, respeto, tolerancia y convivencia.

A un quinquenio de su firma en Cartagena, la implementación avanza con lentitud, bajo amenazas y dificultades, en un 33% de lo acordado, y, aunque el propio expresidente Santos –su gestor- reconoció en su sucesor, el presidente Duque, mayor disposición y compromiso para impulsarlo, que el mostrado en la primera mitad de su Gobierno, el camino que falta por recorrer para hacer justicia y curar las heridas causadas por la cruenta guerra de medio siglo continúa siendo largo, complejo y sinuoso.

Al actual mandatario, sin embargo, es escaso el tiempo le resta para asumir los desafíos pendientes, incluida, la eventual reanudación de conversaciones con el Eln, con el que ya se exploran contactos, según se dice en medios oficiales. Ante el cambio de tercio, la responsabilidad recaerá en la próxima administración nacional, a la que aspira un variopinto puñado de precandidatos presidenciales, que, salvo alguna excepción -y tal como lo señala el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux-, no se pronuncia sobre el tema de la paz, por ser una bandera que, hoy en día, no se traduce en beneficios electorales.

La apuesta de la paz, previo un sólido compromiso de las partes por llegar a la verdad, no solo es una necesidad, sino un deber y un derecho de la sociedad. Implica fortalecer el liderazgo gubernamental en lo que resta del actual gobierno y en el que lo habrá de suceder, a fin de frenar la confrontación que persiste en la barbarie, traducida en una orgía de violencia generalizada, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y destrucción de ecosistemas, consecuencia de la acción criminal de grupos del narcotráfico, paramilitares, delincuencia organizada, guerrilla del Eln y disidencias de las Farc.

La dinámica de la violencia impacta de manera negativa en el turismo, sector para el que la seguridad es requisito sine qua non. En consecuencia, consolidar un panorama positivo en el entorno repercutirá favorablemente en la actividad que, pese a las sombras existentes, ha sabido sobreaguar y convertirse en estratégico generador de divisas, por encima de petróleo y el carbón, a los que se les anuncia la llegada del ocaso ante las contingencias ambientales que enfrenta el planeta.

Es evidente que el reciente crecimiento del turismo en el país está asociado con las expectativas del postconflicto y de ahí la importancia de esta actividad económica como punta de lanza para muchos de estos territorios rescatados de la violencia, hacia los que el Estado está obligado a llegar con seguridad e infraestructura. El potencial puede aprovecharse a través de iniciativas que contribuyan a crear emprendimientos turísticos inclusivos y sostenibles, en los que tengan cabida víctimas y victimarios, junto a modelos de desarrollo dirigidos a generar procesos de apropiación local por parte de las comunidades receptoras, encaminados a crear escenarios de paz que posibiliten la reconstrucción del tejido social.

Con respaldo técnico, logístico y financiero, el ejercicio de la actividad turística en áreas afectadas puede traducirse en oportunidades de creación de empleo e ingresos, el medio más expedito para reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de las comunidades. El post-acuerdo nos ha dado la oportunidad de observar proyectos hechos realidad, en los que víctimas del conflicto y excombatientes han hecho del turismo su actividad productiva, como se registra en el Putumayo, La Macarena y el Urabá-Darién.

Persistir en la implementación del acuerdo con las Farc y afianzar la etapa exploratoria con el ELN permitirá construir espacios de diálogo y eliminar tensiones. Y en este escenario el turismo es un valioso jugador, no solo como emisor y receptor de iniciativas para la reconciliación, sino, más aún, como insuperable catalizador de paz, con suficiencia para restañar heridas, de conseguir ponernos de acuerdo -a todos- para caminar hacia la misma dirección.

En campo ajeno. Las relaciones entre la alcaldesa Claudia López y el Concejo de Bogotá atraviesan por una difícil etapa de tensiones que tiene de por medio la discusión y aprobación del POT, rodeado de parte y parte por intereses más políticos que técnicos. La mandataria, una mujer controversial, incendiaria en algunas de sus actuaciones, tiene, aún, pendiente buena parte de su plataforma de gobierno, y su imagen tiende a decaer, luego de su acertado trabajo para sortear la amenaza del coronavirus, con el que evitó que la ciudad cayera desbordada ante el letal virus. Para salvar su gestión deberá buscar más consensos y armonía que titulares de prensa.

gsilvarivas@gmail.com

Twitter: @gsilvar5

Facebook: Gonzalo Silva Rivas