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En la última década la industria turística ha tenido un auge sin precedentes, hasta convertirse en la segunda fuente más importante de captación de divisas, después de los hidrocarburos y el petróleo y por encima de las tradicionales exportaciones de café y banano. Sin embargo, le falta ponerse a tono en su relación con el medio ambiente y con algunas de las exigencias del mercado para generar mayor valor agregado, a través de la actualización y la implementación de estándares que fortalezcan los escalones de la cadena y lo hagan más competitivo dentro de un contexto globalizado.
En esa dirección, comienza a discutirse en el Congreso de la República el proyecto que modifica la Ley General de Turismo, con el que se busca encajar políticas y reducir barreras normativas que la separan de los procesos de calidad y competitividad que ofrecen destinos más avanzados en servicios e infraestructura. La iniciativa, presentada por el Gobierno con mensaje de urgencia, ajusta y precisa apartes del marco regulatorio y, para sortear los actuales momentos de crisis que afronta la industria, establece la extensión de beneficios tributarios para promover su recuperación.
El proyecto servirá para suplir vacíos normativos y encajarlos en áreas de sostenibilidad ambiental, formalización y competitividad. Permitirá, además, implementar mecanismos de conservación, protección y aprovechamiento de los destinos y atractivos turísticos; ampliar la cobertura del guionaje; abordar el manejo de las plataformas digitales y aplicar tanto el Estatuto del Consumidor para proteger a los consumidores, como el régimen sancionatorio a quienes presten servicios de manera irregular.
Entre los principales frentes de discusión, plantea la formalización y competitividad del sector, cuyo norte debe estar dirigido hacia la calidad, la seguridad y la sostenibilidad. En este sentido integra los hostales al mercado del hospedaje turístico y simplifica procedimientos para el ejercicio del guionaje en favor de quienes cuentan con experiencia o conocimientos sobre la labor y desean acceder al trabajo formal. Propuesta inclusiva que defiende el ministro José Manuel Restrepo, pero que despierta resistencia entre los profesionales de la actividad que advierten sobre eventuales riesgos en la calidad del servicio con la producción de guías en serie.
La informalidad en la industria turística es considerablemente alta y, como se plantea en el Congreso, afecta a los trabajadores, impacta en el desarrollo de las empresas y de los sectores económicos, perjudica a los consumidores y desdibuja la imagen del país como destino, debido a la probabilidad de que se generen experiencias negativas en la prestación del servicio turístico, situación que incide en contra, primero, en los niveles de competitividad turística y, luego, de la economía del sector.
Sin embargo, apostarle a la sostenibilidad ambiental será posiblemente uno de sus mayores logros, en momentos en los que se hace necesario aprovechar el tránsito hacia una nueva normalidad para priorizar las políticas públicas dirigidas a salvaguardar el medio ambiente, los recursos naturales y, en general, esa privilegiada biodiversidad que tiene el país y debe ser su carta ganadora en materia turística.
La sostenibilidad, no solo en el medio ambiente, sino también en lo social, lo económico y lo cultural, además de una responsabilidad que compromete a todos los niveles de la sociedad, debe ser el eje fundamental del turismo para contribuir a la conservación del patrimonio natural y al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades locales. Y, tal como lo señalan los coordinadores ponentes, Horacio José Serpa y Ruby Helena Chagüi, el país debería tomar la etapa de superación de la pandemia como el punto de inflexión para abordar este camino.
Al sector turístico se le considera un usuario importante de los recursos en el territorio y, en consecuencia, no le queda más remedio que reflexionar sobre el volumen de su huella ambiental y el tipo de prácticas que, desde los distintos actores de la cadena de valor, están impactando el medio ambiente y los recursos vitales del país.
La ley vigente es limitada en el tema de sostenibilidad ambiental, por cuanto se circunscribe a principios rectores, y se presenta la oportunidad para desarrollarlos y avanzar en otros temas, como bien lo hace el proyecto, con respecto a la definición del punto de control turístico, entre otros. La norma les permite a las autoridades competentes la implementación de metodologías y herramientas pertinentes para definir los límites de uso turístico de sus atractivos, aspecto esencial para garantizar su sostenibilidad, que hoy en día genera una recurrente preocupación en diversos destinos, debido a los excesos en la capacidad de carga.
Para confluir el ejercicio de la gobernanza a los diferentes niveles del Estado, se les abre las puertas a las autoridades territoriales para definir y solicitar la declaratoria de sus atractivos turísticos y, de paso, comprometerse con la sostenibilidad de los mismos. Se les garantiza autonomía, conforme a lo exigido por la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos, en los que reconoce la capacidad de que gozan los entes territoriales para gestionar sus propios intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley.
El proyecto de reforma a la Ley de Turismo viene siendo enriquecido por los voceros gremiales, dispone de buen ambiente en las comisiones sextas, donde se discute, y es de esperarse que contribuya a alcanzar las metas que le dieron origen, como un paso hacia la potenciación de un turismo sostenible y competitivo, fruto de su mayor productividad empresarial y equidad territorial, factores que lo proyectarían como acreditado exponente de la economía naranja, pero —ecológicamente— coloreado de verde.
Posdata: El Índice de Competitividad de Viajes y Turismo, que cada dos años publica el Foro Económico Mundial, incluyó el año pasado a Colombia, en su última medición, en la posición 55 —entre 136 naciones—, dos casillas más arriba que en 2017, cuando ocupaba el puesto 57.
