Al reasumir el control del aeropuerto Ernesto Cortissoz, la Aerocivil tapona un hueco que durante 15 años afectó recursos oficiales y pasa una página del controvertido modelo de concesiones que tan lesivo ha sido para los intereses del Estado.
La historia se remonta al 28 de febrero de 1977 cuando su entonces director, Abel Enrique Jiménez Neira, entregó la administración y explotación económica del terminal a la sociedad ACSA, representada por Fernando Mario Arteta, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, materializando la decisión del Gobierno de otorgarles a los particulares el manejo de los aeropuertos para hacerlos eficientes y rentables y garantizarles al Estado y a los concesionarios beneficios económicos.
Le cedió entonces todos los ingresos regulados y no regulados y la eximió de la elaboración de un Plan Maestro, salvedad que la exoneraba de efectuar inversiones mayores, responsabilidad que conservó la Aerocivil. Su único compromiso era administrar y mantener. Cesar Uparela, gerente local de la Contraloría denunció luego que la concesión se hizo solo con la cédula, muchas irregularidades y poca inversión.
El contrato le garantizaba a la Aerocivil una contraprestación básica de $9.400 millones y un porcentaje anual. Durante los 15 años debieron corresponderle unos $25 mil millones, suma que reinvirtió en el terminal conforme a las obligaciones pactadas. ACSA, al contrario, sin aportar gran capital echó al bolsillo cerca de $60 mil millones. El 60% de sus accionistas son colombianos, el mayor la Cámara de Comercio, y entre los minoritarios -como prima de éxito por su gestión exitosa en la licitación- figuran Guido Nule Amín y el propio Arteta. La empresa española AENA, por su parte, tiene el 40% restante.
Hoy el aeropuerto es un monumento a la desidia: lo invade la humedad, tiene deficiencias locativas y de aire acondicionado; pantallas de vieja generación, carece de escaleras eléctricas y ascensores para discapacitados, y deja engrampada a la Aerocivil con un contrato del costoso parqueadero.
Pero lo que asombra ahora es que la entidad, que en junio de 2010 negó a ACSA formalmente la pretensión de prórroga, no haya estructurado a tiempo la nueva licitación, y este año, mientras selecciona al próximo concesionario, deba invertir $13 mil millones en mantenimiento de pistas, terminales, áreas administrativas y zonas de seguridad. Solo resta que tampoco se corrijan las protuberantes y desventajosas falencias de la terminada concesión, y el Gobierno, como la balada del maestro mexicano Jorge Macías, tropiece de nuevo y con la misma piedra.
Al reasumir el control del aeropuerto Ernesto Cortissoz, la Aerocivil tapona un hueco que durante 15 años afectó recursos oficiales y pasa una página del controvertido modelo de concesiones que tan lesivo ha sido para los intereses del Estado.
La historia se remonta al 28 de febrero de 1977 cuando su entonces director, Abel Enrique Jiménez Neira, entregó la administración y explotación económica del terminal a la sociedad ACSA, representada por Fernando Mario Arteta, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, materializando la decisión del Gobierno de otorgarles a los particulares el manejo de los aeropuertos para hacerlos eficientes y rentables y garantizarles al Estado y a los concesionarios beneficios económicos.
Le cedió entonces todos los ingresos regulados y no regulados y la eximió de la elaboración de un Plan Maestro, salvedad que la exoneraba de efectuar inversiones mayores, responsabilidad que conservó la Aerocivil. Su único compromiso era administrar y mantener. Cesar Uparela, gerente local de la Contraloría denunció luego que la concesión se hizo solo con la cédula, muchas irregularidades y poca inversión.
El contrato le garantizaba a la Aerocivil una contraprestación básica de $9.400 millones y un porcentaje anual. Durante los 15 años debieron corresponderle unos $25 mil millones, suma que reinvirtió en el terminal conforme a las obligaciones pactadas. ACSA, al contrario, sin aportar gran capital echó al bolsillo cerca de $60 mil millones. El 60% de sus accionistas son colombianos, el mayor la Cámara de Comercio, y entre los minoritarios -como prima de éxito por su gestión exitosa en la licitación- figuran Guido Nule Amín y el propio Arteta. La empresa española AENA, por su parte, tiene el 40% restante.
Hoy el aeropuerto es un monumento a la desidia: lo invade la humedad, tiene deficiencias locativas y de aire acondicionado; pantallas de vieja generación, carece de escaleras eléctricas y ascensores para discapacitados, y deja engrampada a la Aerocivil con un contrato del costoso parqueadero.
Pero lo que asombra ahora es que la entidad, que en junio de 2010 negó a ACSA formalmente la pretensión de prórroga, no haya estructurado a tiempo la nueva licitación, y este año, mientras selecciona al próximo concesionario, deba invertir $13 mil millones en mantenimiento de pistas, terminales, áreas administrativas y zonas de seguridad. Solo resta que tampoco se corrijan las protuberantes y desventajosas falencias de la terminada concesión, y el Gobierno, como la balada del maestro mexicano Jorge Macías, tropiece de nuevo y con la misma piedra.